Cerrado el primer ciclo de versiones voluntarias en el Caso 07 de ese tribunal de justicia transicional, el aporte a la verdad por parte de exjefes de las Farc significó un avance para algunas víctimas. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en materia de responsabilidad y contribución a la verdad, así como en la no repetición.
El mensaje que distintos representantes de la antigua guerrilla de las Farc dieron antes de iniciar las versiones voluntarias ante la Jurisdicción especial para la Paz (JEP) sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, apuntaba a que el fenómeno era menor a lo que organizaciones de la sociedad civil y estamentos del Estado habían denunciado durante años.
Griselda Lobo Silva, más conocida por su nombre en la guerra ‘Sandra Ramírez’, exesposa de uno de los máximos jefe de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, y hoy segunda vicepresidenta del Senado, en entrevista con medios de comunicación negó el reclutamiento forzado y en diferentes declaraciones rechazó las acusaciones de que en las filas guerrilleras existiera una política de incorporación de menores.
De manera recurrente, los exguerrilleros repetían ante la JEP que la vinculación de niños, niñas y adolescentes se presentaba bajo términos de voluntariedad, en oposición a la idea de reclutamiento, que, indicaban, posee una connotación avasallante con la libre determinación. Justificaban que en muchos casos se trataban de menores que habían quedado huérfanos, que se encontraban trabajando en oficios varios, como recolectores de hoja de coca o en labores domésticas, o que eran hijos o familiares de guerrilleros.
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), organización que durante años ha denunciado las violaciones en materia de reclutamiento, uso y utilización de menores en la guerra, representó a varias de las víctimas acreditadas ante la JEP durante las versiones de 15 comparecientes exmiembros de la antigua guerrilla de las Farc que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas requirió por su vinculación al caso.
Entre los comparecientes resaltaron reconocidos miembros del partid Farc, entre ellos Julián Cubillos, o ‘Carlos Antonio Lozada’, actual senador de la República; Pastor Alape y Rodrígo Londoño. (Ver comunicado 109)
En conversación con VerdadAbierta.com, Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la COALICO, insistió en que la voluntariedad en el contexto del conflicto armado debe ponerse en tela de juicio: “Lo que uno percibe, de alguna manera, que puede plantearse es que esa recurrencia al llamado a la voluntariedad puede entenderse como una disminución de la responsabilidad frente al reclutamiento como tal”.
Diferentes investigadores han precisado la concepción de voluntariedad en relación al contexto que el menor tuvo que vivir. Natalia Springer es una de ellas. En el texto Como corderos entre lobos explica que las condiciones de voluntariedad empalidecen revisándolas en un marco de vulnerabilidad social y económica.
Molano plantea que desde la Coalición no abordan el reclutamiento forzado necesariamente como una acción de fuerza: “Para nosotros forzado es todos los escenarios que llevan a un niño o una niña menor de 18 años a que termine en un grupo armado. Y eso implica, precisamente, que de entrada la voluntariedad desaparece”.
Como elementos comunes, COALICO ha evidenciado en las historias de cientos de niños, niñas y jóvenes reclutados, así como de sus familiares, que hay un conjunto de patrones en sus contextos: algunos de ellos van desde la presencia de actores armados en los territorios; la poca o nula presencia institucional —particularmente, civil—; ver el sistema educativo como un mínimo viable para el desarrollo del menor; la violencia intrafamiliar; la presencia de cultivos de uso ilícito; y las extremas condiciones de pobreza.
Versiones insurgentes
El exjefe guerrillero ‘Pablo Catatumbo’, uno de los comparecientes ante la JEP se mantuvo en que no se trataba de reclutamiento sino de “adhesiones voluntarias” y que el reglamento era claro en determinar que el ingreso era “voluntario, sin salario y hasta el triunfo de la revolución”.
Por su parte, Pastor Alape sostuvo que en la organización guerrillera no eran “guardería ni una organización de beneficencia” y que se revisaba cómo habían llegado los menores a los frentes del grupo subversivo: si en condición de desplazado o si llegaban con su familia.
Rodrigo Londoño explicó que no había una regulación estricta para comprobar que los jóvenes tuvieran la edad que decían tener y aportó que las formas de disciplinar a menores no implicaban una excepcionalidad, pero sí tenían en cuenta el contexto bajo una lógica de agravantes y atenuantes, entre ellos la menoría de edad.
En ese sentido, Alape insistió en que en varias ocasiones los menores fueron regresados con sus familias, pero “había casos diferentes, menores de 15 años que las condiciones de orfandad y desprotección hacían que la guerrilla los acogiera”.
A lo que ilustró Pastor Alape, el senador Cubillos aunó la figura de “menores protegidos”; niños, niñas y jóvenes que vivían con las Farc porque eran familiares de miembros del grupo alzado en armas; porque hacían parte de familias que buscaban amparo con el grupo guerrillero; o porque quedaron huérfanos “y buscaban a la guerrilla como último recurso”. Pero asegura que no se les hacía entrenamiento militar, sin embargo, cuando cumplían los 15 años, si se querían quedar debían “cumplir unas tareas mínimas”.
También sostuvo que la finalización del curso básico no implicaba ingresar a combatir sino adaptarse a la vida guerrillera. Llevar a una persona a un ataque planeado tomaba más tiempo, aunque, bajo la naturaleza de la guerra, reconoce que en actos de defensa quienes aún estaban en proceso de adaptación, entre ellos menores, tuvieron que asumir un papel en el conflicto.
Sobre jornadas de reclutamiento masivo, visitas a casas exigiendo una cuota de menores para las filas, el desplazamiento de familias que se opusieron al reclutamiento de menores, varios de los exguerrilleros comparecientes ante la JEP aseguraron no tener conocimiento de esas situaciones, que no lo permitieron y que lo desaprobaban. Otros abrieron la posibilidad de que, aunque aseguran no conocer de estos casos, pudieron haber ocurrido.
Cubillos asegura que ‘Manuel Marulanda’ y ‘Jorge Briceño’, más conocido como el ‘Mono Jojoy’, a través de unas circulares, llamaron la atención a los estados mayores de los frentes sobre el incumplimiento de la norma de no reclutar menores de 15 años, pero no conoció que desde el Secretariado, máxima instancia de decisión de las antiguas Farc, se hayan realizado investigaciones o formulado estrategias puntuales para hacer algo con los hechos.
Como un tema frecuente en las versiones, la magistratura abordaba la Operación Berlín en la que un amplio número de niños perdieron la vida en combate o fueron recuperados por el Estado. Aunque no se entregaron detalles específicos de la manera de operación de la Columna Móvil Arturo Ruiz, lo cierto es que es una de las pruebas más comprometedoras sobre el reclutamiento de menores en las filas guerrilleras que dista de la recurrente expresión de “casos especiales” que Londoño se empeñaba en sostener. (Leer más en: ‘Operación Berlín’: historias de reclutados y sobrevivientes)
Cuestionamientos
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Ante estas declaraciones, explican en COALICO que desde la adultocracia se desdibujan las violencias que puedan padecer los niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto. Además, contrasta con lo expuesto por la Sentencia 240 de 2009, en cuanto a la palabra “obligar”, contenida en el artículo 162 del Código Penal, consideran que se trata de una expresión inconstitucional, ya que excluye de manera absoluta el consentimiento del niño o niña vinculado a las hostilidades, y por esa vía permiten una defensa válida frente a actuaciones consideradas ajenas a la niñez en el derecho internacional. Y asegura que la vinculación de menores en el conflicto los hace víctimas de reclutamiento y que el actor armado no puede descargar responsabilidad en la voluntariedad.
Los exjefes guerrilleros, frecuentemente, referían que los jóvenes del campo poseían una madurez psicológica y física que posibilitaban su vinculación en las filas guerrilleras; sin embargo, Erika Gómez Ardila, abogada de COALICO, considera que este tipo de justificación coloca una barrera para evitar las responsabilidades.
Además, todos los comparecientes negaron que existiera una política de reclutamiento de menores. Se dejó claro que desde la Séptima Conferencia de la antiguas Farc, realizada en 1982, se estableció que la edad mínima de reclutamiento debía ser 15 años —bajo lo contemplado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)— y la máxima, 30. (Leer más en: Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)
Sin embargo, los exmiembros de las Farc aseguran que en ningún momento se dio una directriz para vincular a niños, niñas y adolescentes en la guerra y que muchos de los casos ocurrieron a manera de “indisciplina”, como aseguró ‘Pablo Catatumbo’.
La posición que plantea la COALICO es puntual en la discusión de una política de reclutamiento, fundamentada en las diversas caras de victimización contra los y las menores.
Juan Manuel Martínez, uno de los abogados, representante de víctimas de esa asociación ante la JEP, plantea que “solamente con una víctima acreditada, nosotros podríamos sostener la política de reclutamiento, que tuvo que ver, primero con unos actos de entrenamiento de niños y niñas; segundo, con unos actos de control de comportamiento en donde había actos de violencia sexual como la planificación forzada”.
Y, finalmente, agrega, con responsabilidades delegadas en “actividades de combate, cobro de dineros por secuestros y extorsiones, organizadores de masas, esclavitud sexual, siembra de minas, preparación de artefactos explosivos. Son varias las destinaciones que se le dieron a los niños”.
Al ser interpelados por las organizaciones de víctimas, varios de los exjefes guerrilleros reconocieron el grave error por involucramiento de menores en el conflicto. Uno de ellos es Rodrigo Londoño, presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
“Cada que hablo con una víctima, o en este caso, representante de ellas, me reafirmo más en que el camino que escogimos era el acertado y que hubo cosas que nunca debieron de haber sucedido, que hubo cosas que me hicieron a mi expresar en algún momento, cuando oía los relatos, que yo dije ‘estas no fueron las Farc a las que yo ingresé’. Yo ingresé a una Farc con unos criterios y un sentido del humanismo muy distinto para que se dieran esas cosas que se dieron, desafortunadamente”, plantea el otrora jefe de las Farc.
Avances y retrocesos
Aunque finalmente la determinación de aporte a la verdad lo definirá la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, una de las situaciones que cuestiona Gómez, de COALICO, es lo etéreo de las versiones que expusieron algunos exguerrilleros.
“Otra de las situaciones que yo considero debe tenerse en cuenta es el decir ‘es que nosotros escuchamos, de pronto eso se pudo haber dado en otros frentes’, pero nunca mencionan en qué frentes. Pareciera que fuera algo de oídas, pareciera que todos los comparecientes en algún momento de la historia escucharon, les pareció, pero no tienen la certeza”, reprocha Gómez.
A medida que fueron avanzando las audiencias ante la JEP, se expresaron algunos reconocimientos de que, efectivamente, en algunos frentes si se reclutaban menores de edad.
“Ver cómo va evolucionando ese ‘no’ tajante, que causó y levantó mucha ampolla, especialmente en varias de las personas que nosotros representamos, y cómo a través de las audiencias sí ha habido algunos cambios”, dicen en COALICO.
Pero lo aportado no corresponde con la magnitud de hechos y cifras presentados en el informe Génesis, un trabajo de 50 tomos y 18.300 páginas que refleja las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de las extintas Farc realizado por las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.
Al ser interpelados sobre apartados de este gran informe, los exguerrilleros desacreditaban y pedían que se contrastara esta información. Particularmente, en el caso de reclutamiento de menores los comparecientes afirmaban que las amplias cifras expuestas por el Ejército y la Fiscalía no eran ciertas.
Asimismo, en varias versiones plantearon como un hecho de uso y utilización que pedían estudiar lo que presentaron como ‘las niñas de Juanambú’. Los antiguos miembros de las Farc aseguraron que durante la década de los ochenta, niñas huérfanas fueron entrenadas en el Batallón de Juanambú para infiltrarse en las filas del grupo guerrillero y desestabilizar a la organización. Aunque esto no ha podido probarse, varios exguerrilleros dijeron que harían allegar pruebas para incluir en este caso.
Martínez, abogado representante de víctimas de COALICO ante la JEP, es enfático en exponer que el universo de víctimas de este caso tiene un despliegue mucho más amplio. Es preciso señalar que las afectaciones de este delito no se ven reflejadas con la totalidad de víctimas de reclutamiento forzado acreditadas en el Caso, muchas de ellas aún en proceso de acreditación.
“Los comparecientes dicen ‘dónde están las siete mil víctimas de la Fiscalía’, lo recuerdan todo el tiempo: ‘dónde está la gente, estos son montajes de la Fiscalía’. Realmente la gente existe, pero por varias razones no se acreditan. Hay un montón de gente que fue reclutada y que no sabe que existe la JEP hoy, que no saben que lo que les pasó fue un delito, como también hay mucha gente que cree que la JEP es un escenario de revictimización”, indica.
Gómez, por su parte, explica que a lo largo de las versiones hubo un cambio en el discurso de los exguerrilleros, en unas versiones más que en otras: “Ha cambiado, precisamente, el reconocer y hay algunos señores comparecientes que sí han demostrado tener una voluntad y realmente tiene claro de lo que es la JEP, cuáles son los compromisos que han adquirido y quieren cumplir con eso”.
El asunto es neurálgico si se tiene en cuenta que el Centro Democrático, uno de los movimientos políticos más críticos del Acuerdo de Paz, impulsa un proyecto con el que pretende que se derogue la JEP por fallar en sus objetivos.
Escenarios como la JEP son una oportunidad para alcanzar los objetivos de verdad, reparación y no repetición. A diferencia del sistema ordinario, no pretende que sean las pruebas las que motivan la aceptación o no responsabilidades, sino que se aporte a la verdad con plena transparencia.
Los hechos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y jóvenes son un tema frecuentemente empleado para atacar a la extinta guerrilla y restar credibilidad a las instituciones fruto del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, tras el considerable proceso de versiones voluntarias que finalizó hace un par de semanas, COALICO plantea que algunas de las víctimas percibieron que en algunas versiones hubo un cambio en el discurso de aceptación y, sobre todo, respeto con la posición de ellas y ellos como víctimas.
Para esa coalición ese es el sentido de este proceso: la esperanza de encontrar verdad, alcanzar la reparación y propender por la no repetición.
Uso, utilización y delitos sexuales
El uso y utilización es un asunto que poco se vio desarrollado en las versiones. No hay reconocimiento ni referencias al fenómeno. La magistrada Ana Caterina Heyck Puyana referenció algunos casos de utilización y uso por parte de las Fuerzas Militares en aras de saber cómo había afectado al grupo guerrillero y si se veía reflejadas estas prácticas dentro de la misma. “Hay que partir del hecho de que si no se reconoce fácilmente el reclutamiento, pues, obviamente, la utilización es mucho más compleja para que se reconozca”, explican los abogados de las víctimas.
Y agregan: “Hay un reconocimiento amplio de varias victimizaciones que padecieron los niños, niñas y jóvenes; como la planificación forzada, como el fusilamiento, violencia sexual. Pero reconocer en abstracto no tiene implicaciones jurídicas ante la JEP. Un poco la invitación que hace esta representación de víctimas es que los comparecientes se bajen de lo abstracto a hechos más concretos. Es muy poco diciente para las víctimas los perdones generales y a esto le apuestan mucho todos los comparecientes”.
La Coordinadora de la Secretaría Técnica de la COALICO reconocen que el uso y la utilización es un tema que aún le queda camino dentro del proceso de justicia transicional y reflexiona sobre la importancia del reconocimiento porque, “¿cuántas veces la utilización fue precisamente la razón de ser la violación del derecho de un niño o una niña por el actor contrario?”, cuestiona.
El eje de violencia sexual es precisamente otro de los temas sobre los que los comparecientes refirieron no poseer conocimiento, entre estos figuran la obligatoriedad del uso de métodos anticonceptivos y abortivos. “Eso sí causa mucho dolor y mucha revictimización por parte de las víctimas y es precisamente desconocer tajantemente o el no reconocer que sí había una política de violencia basada en género que fueron todos los temas de planificación además forzosa a niñas de 11, 12 años”, cuenta Erika Gómez.
En las filas de la organización guerrillera, desde la Octava Conferencia, se plantea el requerimiento de planificar. Frecuentemente se empleó el implante subcutáneo de Norplant, un método anticonceptivo que tenía efecto por meses. Por su parte, Rodrigo Londoño, comandante durante años del Bloque Magdalena Medio que operó en el Catatumbo, y jefe máximo de las Farc desde 2011, sostuvo que no era obligatorio el uso de métodos anticonceptivos para las menores de edad.
El 18 de marzo de 2019, en el desarrollo de una Comisión de Paz del Senado de la República, la Corporación Rosa Blanca, una organización que acoge víctimas sexuales que responsabilizan a miembros de las Farc dio declaraciones contra reinsertados. En aquella Comisión, Lozada fue acusado por delitos sexuales. El hoy senador alega que aquellos pronunciamientos responden a una campaña de estigmatización.
La COALICO no tiene a cargo de su representación a una sola víctima de la Corporación Rosa Blanca. Muchas de ellas no han sido reconocidas como víctimas antes el Registro Único de Víctimas (RUV), ni se han acreditado ante la JEP, en parte por su ferviente oposición al sistema de justicia transicional.
Hilda Molano rescata, más allá de que las acusaciones contra Lozada sean o no ciertas, que precisamente son el tipo de cosas que debe discutirse al interior del proceso. “Darle lugar a la pregunta. A que dentro del Caso 07, este es el tipo de cosas que deben abordarse. Sobre todo porque a veces la percepción que queda en la opinión pública es que víctimas como las que representan organizaciones como Rosa Blanca no tienen lugar en la JEP o que no son parte o que no están llamados a participar en este caso. Es más, de todas maneras, una decisión de las víctimas”.
Las víctimas que le apuestan al éxito de la JEP, esperan verdad plena y reparaciones. La COALICO le apuesta al éxito del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no repetición. Sobre esto último la coalición manifiesta una preocupación latente, pues sus monitoreos han reflejado una constante en el reclutamiento que, si bien durante las negociaciones de paz mermó, y eso se muestra como una posibilidad para erradicar esta práctica del conflicto, hoy no dejan de ser un flagelo para el país.
“Desafortunadamente este año, lo que se ha incrementado, a la par de las masacres y del asesinato de líderes sociales, es el reclutamiento. Se ha incrementado, calladito, como si en verdad no existiera”, lamenta Erika.
Camino Diferencial de Vida
Un momento frecuente en las versiones de los comparecientes tenía lugar cuando manifestaban su preocupación por el estado del programa Camino Diferencial de Vida, con el cual se buscaba restablecer los derechos de los 123 menores —eran 124, pero uno falleció— entregados tras la firma del Acuerdo de Paz en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
“¿Qué pasó con los muchachos que entregó las Farc?”, se pregunta Pablo Catatumbo. Carlos Lozada se adelanta a responder que se ha dado nuevamente un “abandono del Estado de esos menores” y Pastor Alape, miembro del Consejo Nacional de Reincorporación desde el cual asegura hacer seguimiento a la situación de los menores, sostiene que el programa “Camino Diferencial de Vida no contó con los recursos ni con la disposición de los funcionarios”.
Representantes del partido de las FARC, organizaciones de la sociedad civil y el Estado hacían seguimiento a la implementación de este programa, pero la situación cambió en los últimos años.
“Nosotros tuvimos como COALICO un lugar de veeduría del Camino Diferencial de Vida. Pero realmente en el marco del nuevo gobierno fue muy difícil mantener ese ejercicio sobre todo por la reticencia del manejo a la información, el cambio de la dinámica, finalmente, todo con el Acuerdo y la Implementación se ralentizó enormemente y entre esas cosas ese seguimiento que hacía el Consejo Nacional de Reincorporación, ellos dicen que mantuvieron las reuniones de mesa técnica, pero, realmente, a nosotros no se nos volvió a convocar desde noviembre de 2018.” concluye Hilda Molano, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la COALICO.
