Las comunidades afrodescendientes de esa región, ubicada en el sur del departamento de Chocó, viven sometidas al vaivén de los grupos armados ilegales.
Hasta junio del año pasado pudieron vivir con cierta tranquilidad porque la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) acordaron una tregua.
Sin embargo, al romperse, se desató un infierno en esa región, producto de los constantes enfrentamientos cerca de poblados, los desplazamientos forzados, los confinamientos y los asesinatos de lugareños.
Al llegar el mes de diciembre las dos facciones armadas acordaron nuevamente un cese de hostilidades entre ellas.
Pero al iniciar 2022, nuevamente empezaron los combates y la población civil resultó siendo afectada.
“En San Miguel, el 3 de enero en las horas de la mañana, se escucharon los primeros rafagazos en el monte, al frente del pueblo, al otro lado del río”, cuenta un poblador.
Ese fue el preludio de la violencia que se venía, pues en los siguientes días fue asesinado un líder social y una niña perdió la vida en medio de la guerra entre las Agc y el Eln.
Mientras las comunidades negras parecieran estar abandonadas a su suerte, líderes comunitarios de la región le reclaman al Estado medidas preventivas y de protección colectiva.
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