12 militares del batallón La Popa confiesan ante la JEP su participación en 'falsos positivos'

El 18 y 19 de junio de 2022, militares pertenecientes al Batallón de Artillería #2 La Popa, admitieron su participación en la comisión de 'falsos positivos' en la costa Caribe colombiana.

La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar y contó con la presencia de familiares de las víctimas, quienes tuvieron la oportunidad de contar las historias de sus familiares, que fueron asesinados y presentados, falsamente, como guerrilleros abatidos.

Las víctimas le exigieron a los militares la verdad respecto a cómo murieron sus familiares y que reconocieran que las víctimas presentadas como bajas en combate no hacían parte de ningún grupo armado al margen de la ley.

Entre los involucrados hay tenientes, coroneles, mayores, subtenientes, sargentos, cabos y soldados profesionales.

Algunos datos: La JEP determinó que hubo 127 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Las víctimas no sólo eran civiles, sino guerrilleros heridos en combate que asesinaban con tiros de gracia.

Publio Hernán Mejía dirigió esa unidad militar entre 2002 y 2003. No estuvo presente en la sesión, al igual que Juan Carlos Figueroa. Ambos negaron su responsabilidad en estos casos.

Los asesinatos se cometieron bajo diferentes modalidades, que la JEP identifico como patrones de macrocriminalidad. 1. Asesinaban a personas que eran señaladas de pertenecer, supuestamente, a grupos armados como las Farc, el Eln y las Auc.

2. Los miembros del Ejército elegían personas vulnerables como habitantes de calle o personas con “consumo problemático de drogas” para asesinarlas y presentarlas como bajas en combate.

¿Por qué cometer asesinatos en contra de la población civil? En la audiencia los militares explicaron que cometieron los asesinatos para satisfacer las exigencias de sus superiores.

¿Y los responsables? Ninguno de los comparecientes presentes en la audiencia mencionó los nombres de los superiores que ejercían “presiones” en búsqueda de resultados.

El plan, que en un principio funcionó con la ayuda del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), involucraba también la creación de informes fraudulentos, versiones falsas de los hechos y un “kit de legalización” que incluía armas y uniformes comprados por los mismos soldados.

Los asesinatos de los hombres de la comunidad como Uriel Evangelista Arias, Jesús Enemias Daza y John Jader Escorcia, dejaron daños irreparables en sus familias.

El soldado profesional Alex Jose Mercado aceptó frente a Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, otra de las víctimas de este batallón, que trasladó con engaños a su padre desde la ciudad de Barranquilla hasta Codazzi, para ser asesinado.

Los soldados recibían dinero en efectivo, permisos, vacaciones, comidas especiales y ascensos, a cambio de la misión de estos asesinatos.

Vídeo: RODNAE Productions.

Yeris Andrés Gómez, soldado profesional, contó que a cambio de asesinar a un guerrillero del Eln que fue herido en combate, bajo las órdenes del mayor José Pastor Ruiz Mahecha, recibió un plato de arroz chino y 100 mil pesos en efectivo.

Daniela Rodríguez, representante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), explicó que algunas de las víctimas se sienten conformes con la verdad aportada por los militares, mientras que otros esperan más detalles.

¿Quién dio la orden? Las víctimas le exigen saber quiénes ordenaron estos asesinatos y que declaren si miembros de la esfera política tienen responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales.