Violencia generalizada en La Mesa

En 1997 el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) le compró al terrateniente Dagoberto Contreras el predio El Rosario, ubicado en el corregimiento Azúcar Buena, del municipio de Valledupar, Cesar. Un año después, el Instituto le tituló el terreno a cinco familias campesinas, correspondiéndole a cada una dos lotes y a todas ellas un área común.

Los campesinos, vinculados por lazos de parentesco y amistad, se dedicaron a trabajar la tierra. Sembraron aguacate, guineo, cacao, café, yuca, naranja, mandarina y limón, al punto de que cada familia llegó a contratar dos o tres trabajadores para recoger las cosechas, que se acopiaban en la zona comunal. Con el tiempo, también consiguieron vacas, mulos, burros, gallinas, pollos y cerdos.

En la zona, que hace parte del estratégico corredor que conecta la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá, transitaban por entonces unidades de la guerrilla del Eln. Sin embargo, no fue sino hasta comienzos de la década del dos mil cuando los parceleros empezaron a recibir los embates de la violencia, con el fortalecimiento en la región del Frente Mártires del Cesar del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Tras varias incursiones y masacres cometidas en el centro poblado del corregimiento, denominado La Mesa, los paramilitares arribaron a las parcelaciones de El Rosario. El 10 de noviembre de 2001, un comandante paramilitar conocido con el alias de ‘37’ les comunicó a los parceleros que tenían un plazo de 24 horas para desocupar el área y que podían entregar a sus hijos para que hicieran parte del grupo armado a cambio de obtener permiso para permanecer en las tierras. Ese mismo día, las cinco familias se desplazaron hacia otras zonas del departamento, perdiendo así sus cosechas, viviendas y animales.

En abril de 2002, David Rojas Hernández o alias ‘39’, comandante del Frente Mártires del Cesar, convocó a los parceleros y les ofreció comprarles las tierras, a lo que ellos se negaron. De acuerdo con los campesinos, los paramilitares se instalaron en el predio y lo destinaron a la ganadería.

En el desplazamiento, las víctimas tuvieron que continuar pagando los préstamos que habían adquirido con los bancos, así como trabajar en oficios domésticos, construcción y venta de frutas, entre otras labores mal remuneradas.

En 2015, las familias solicitaron la restitución integral de las parcelas. La demanda fue admitida en 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, que un año más tarde ordenó la restitución material de los predios, en un proceso en el que no se presentaron opositores.

El Juzgado, además, le ordenó al Ministerio de Agricultura, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Gobernación del Cesar incluir a las familias en programas de vivienda rural, adecuación de tierras, restablecimiento productivo y asistencia técnica agrícola. Asimismo, le ordenó a la la Agencia Nacional de Minería cancelar los trámites de solicitud de explotación minera que cursaban sobre algunos de los terrenos.

El Juzgado también le exigió a distintas entidades estatales garantizar el acceso de los parceleros al sistema de salud y a programas de educación superior, así como de generación de ingresos.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​