La más reciente investigación del Programa Somos Defensores alerta que durante el año pasado las agresiones contra quienes defienden los derechos de diversas comunidades aumentaron de manera dramática. Esa crítica situación ocurrió en medio de un proceso de transición hacia el posconflicto y tras la llegada de un nuevo gobierno nacional, que dejó de lado instrumentos clave para la protección de esos liderazgos y la implementación del Acuerdo de Paz.
Las cifras hablan por sí mismas: 805 agresiones, entre ellas 155 asesinatos. Ese es el saldo de hechos que atentaron contra el trabajo y la vida de los defensores de derechos humanos en Colombia durante 2018, una cifra sin precedente alguno, tal y como lo revela este martes Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2009 documenta todo tipo de agresiones contra líderes sociales, al presentar su informe La Naranja Mecánica.
La investigación reconoce que cuenta con un subregistro dada la magnitud de los hechos ocurridos y que sólo incluyó casos corroborados, por lo que es posible que el número de víctimas del año pasado sea mayor. De hecho, el pasado mes de septiembre, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), tras cruzar varias bases de datos y realizar una proyección estadística, concluyó que los listados sobre asesinatos de líderes sociales presentan subregistros.
Lo que sí es una certeza en el informe de Somos Defensores es el inusitado aumento de hechos violentos: las agresiones pasaron de 560 en 2017, a 805 en 2018; y los asesinatos de 106 a 155. Lo anterior refleja un alarmante incremento del 43,7 por ciento de agresiones y un 46,2 por ciento de asesinatos, en tan sólo doce meses.
Al analizar los asesinatos, se encuentra que los meses más violentos fueron mayo (12), junio (14) y julio (21), que coincidieron con el periodo de elecciones presidenciales, en el cual fue asesinada casi la tercera parte de los líderes sociales de 2018. En cuanto a departamentos, Cauca y Antioquia, por sexto año consecutivo, figuran como los departamentos con más homicidios de líderes sociales según los registros de Somos Defensores, esta vez con 28 y 26 casos, respectivamente.
El informe llama la atención sobre esos dos departamentos, en donde las muertes aumentaron el 55,5 por ciento para el primero, y el 85,5 por ciento para el segundo, registrándose 18 y 14 en 2017, respectivamente. Y en cuanto al suroccidente colombiano, señala que sigue siendo la región más golpeada por ese flagelo, ya que los asesinatos en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, pasaron de 45 a 64
En cuanto al tipo de liderazgo que desarrollaban las víctimas, los más afectados fueron los directivos de Juntas de Acción Comunal, indígenas, campesinos y comunitarios; entre esos cuatro sectores suman el 66,4 por ciento de los asesinatos del año pasado. El informe destaca que 2018 alcanzó el pico más alto de asesinatos de líderes indígenas, con 24 casos, los cuales son el doble de los ocurridos en 2017.
De la comunidad campesina y líderes comunales en zonas rurales, Somos Defensores también llama la atención, por cuanto 19 de los asesinados estaban vinculados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado en el Acuerdo de Paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suscribió con la otrora guerrilla de las Farc, para ponerle fin a uno de los motores del conflicto armado y promover el desarrollo rural. “Algunos de ellos hacían parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM). En otros casos eran líderes(as) comunales y campesinos que se oponían a la siembra e incremento de este tipo de cultivos en sus territorios”, indica. (Leer más en: Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental)
Los registros señalan que 137 de los asesinatos fueron ejecutados por medio del sicariato, 13 con armas blancas y cinco con golpes contundentes. En siete se registraron signos de tortura; 15 fueron reportados como desaparecidos; y 30 víctimas habían recibido amenazas previamente.
Al respecto, el informe señala que los territorios donde ocurrieron las muertes “muchas veces son disputados por el control de los cultivos de uso ilícito, los proyectos de explotación minera legal o ilegal, los procesos de restitución de tierra y, en algunas situaciones, por procesos de recuperación o liberación de la madre tierra, como es el caso los indígenas en el norte del Cauca”.
Además, ratifica que sigue vigente la tendencia de que los asesinatos ocurren en lugares de residencia, de trabajo o frecuentados por las víctimas: “Significa esto que hay un seguimiento, planeación y premeditación para cometer los crímenes, además de ser un indicador de que no se trata de asesinatos al azar, sino que los victimarios conocían las rutinas y los lugares que frecuentaban”. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Uno de los mayores misterios sobre los asesinatos es la identidad de los responsables, por cuanto se desconoce quién perpetró 111 de los homicidios de 2018. Los 44 restantes son atribuidos a grupos paramilitares (16), disidencias de las Farc (12), Eln (nueve) y Fuerza Pública (siete).
Otra modalidad para silenciar a los líderes sociales que aumentó sin precedentes son las amenazas: el año pasado Somos Defensores registró 583, que representaron un 57,5 por ciento más que el total de 2017. La mayor cantidad se realizaron por medio de panfletos y de ellos, 232, fueron presentados a nombre de las llamadas ‘Águilas Negras’, grupo que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (2003-2006), pero del cual el gobierno nacional y los entes seguridad niegan su existencia.
Transición anaranjada
Además de documentar las 805 agresiones, Somos Defensores realizó un análisis sobre las causas del aumento de esa ola de violencia, de los impactos de la elección de Iván Duque como Presidente de la República (2018-2022) y de las tareas que han realizado diferentes instituciones estatales para hacerle frente a la tragedia que padecen los líderes sociales en Colombia.
Algunas de sus respuestas sobre el incremento de las agresiones a los defensores de derechos humanos apuntan a “las fallas en la implementación de los acuerdos (de paz), la finalización abrupta de los diálogos (con el Eln) y la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias”, entre otros asuntos, que “han desencadenado un escalamiento del conflicto armado en el que han aparecido en escena muchos más grupos armados con diferentes intereses, pero con una necesidad en común, la de adherir a su poder territorios y con ellos sus poblaciones (donde anteriormente ejercían control las Farc)”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’; Arde el sur de Córdoba; y La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
Sin embargo, el informe dedica un capítulo a la labor que ha desempeñado el primer mandatario de los colombianos durante sus casi nueve meses de gobierno: “A pesar de la evidente crisis de derechos humanos y de la urgente necesidad de intervención para proteger la vida de todos y todas y, en particular, de las personas defensoras de derechos humanos, el actual Gobierno de Iván Duque ha optado por tomar posiciones opuestas a su deber de ofrecer garantías y ha dejado en un segundo nivel la difícil situación que atraviesan los defensores y las defensoras, dedicándose, en su lugar, a poner otros temas en el centro, como el de la economía naranja”.
De esa manera, la investigación toma prestado el nombre de la principal política del nuevo gobierno central, para darle nombre a su publicación: La Naranja Mecánica. Argumenta que, entre otros muchos aspectos, parece que Duque está gobernando de frente a la economía y de espaldas a la Paz: “Por eso, lo naranja aparece en el centro, pero detrás de ello surgen discursos como la negación de la existencia del conflicto armado, el desconocimiento de la sistematicidad en la violencia contra personas defensoras, el no reconocimiento de la existencia de muchos más grupos armados y que no solo están vinculados con el narcotráfico (…)”.
Al nuevo mandatario se le cuestiona que niegue la existencia del conflicto armado y que haya dejado de lado o restado importancia a seis medidas que se acordaron con la guerrilla de las Farc para preservar la seguridad de los excombatientes, de los líderes sociales y de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, las cuales fueron reglamentadas por decretos y resoluciones de su antecesor.
Al respecto, el informe indica que si bien esos instrumentos no resuelven estructuralmente el problema de violencia endémica contra los liderazgos sociales ni evitarán al cien por ciento los ataques contra exintegrantes de las Farc, “su implementación sistémica sí contribuiría a prevenir muchos de ellos, especialmente a los procesos políticos surgidos de los acuerdos de paz, comunidades rurales vulnerables ubicadas justo en zonas de implementación de acuerdos y dejación de armas, y líderes sociales comprometidos con el proceso”.
Por otro lado, destaca que, por la presión de la comunidad internacional, finalmente el presidente Duque convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), encargada de estructurar la política pública que permita acabar con los grupos armados que amenazan la seguridad en las regiones, la cual está conformada por las cabezas del Estado y de representantes de la sociedad civil, pero terminó desnaturalizándola y despojando de su mandato original.
“Actualmente la CNGS es una comisión menor, subordinada al PAO (Plan de Acción Oportuna, creado en noviembre), una instancia consultiva, sin funciones claras, convocada de acuerdo con necesidades mediáticas y coyunturales. El PAO por ahora no es más que eso, un plan, que aún no tiene el carácter vinculante, como sí lo tiene la CNGS además de un estatus político importante. Hoy, en todo caso, la CNGS es una quimera alejada de la esencia para la cual fue construida: desmontar la criminalidad que ataca a las personas defensoras de Derechos Humanos”, indica.
Sobre el PAO, el informe aclara que no fueron incluidas las recomendaciones y observaciones que realizaron diferentes organizaciones sociales antes de su promulgación, y lo califica de insuficiente, “pues no considera el desmantelamiento de los grupos armados en los territorios, la lucha estructural contra el crimen organizado y el mejoramiento del bienestar de las comunidades, que son situaciones que alimentan el círculo de las violencias; por el contrario, el PAO utiliza viejas fórmulas desde un enfoque coercitivo”. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Y concluye que representa un retroceso de diez años en materia de protección: “A diferencia del enfoque de seguridad humana contemplado en las disposiciones normativas ya tratadas, el PAO cambió este concepto por el de defensa (militar) y protección a líderes sociales, periodistas, sindicalistas. Es decir, se regresa al carácter de la protección física, militar o policiva, y se deja de lado la posibilidad de construir garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.
Lupa al Estado
Sobre la accidentada implementación del Acuerdo de Paz, que ha generado nuevas dinámicas de violencia tras la dejación de armas de las Farc y la consecuente disputa de otros grupos por sus antiguos territorios, Somos Defensores señala que ha aparecido imprecisa y esquiva: “La efectiva implementación del Acuerdo ha estado limitada por la radical oposición de algunos sectores políticos, por las crisis que acompañaron todo el proceso, por el incumplimiento del Gobierno de varios de sus compromisos y, fundamentalmente, por las bajas capacidades y voluntades del Estado para copar los territorios y saldar compromisos históricos con sus habitantes”.
Y en ese sentido prosigue: “El Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización de las FARC, y la miopía para tomar decisiones y mirar más allá del centro del país sumió nuevamente a la población en una crisis, sobre todo en las zonas rurales, donde rápidamente diferentes grupos aparecieron para imponer su poder o disputarlo a otros armados. Las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva”.
La implementación inició en el periodo final del mandato de Juan Manuel Santos y prosiguió con Iván Duque, a quien le critican que “continúe ignorando la urgente necesidad de actuar y de proteger la vida de las comunidades y de los defensores, cumpliendo con ello un deber del Estado; señalando, además, como únicos responsables a un par de grupos armados (Eln y Agc), estrategia que sirve a los intereses el Gobierno y que desdibuja la complejidad de lo que realmente ocurre en los territorios”.
En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, nuevamente cuestionan sus resultados en materia de esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales. Y las críticas parten de dos puntos: que el ente acusador considera que un asesinato está esclarecido en la fase de imputación de cargos y no cuando un juez dicta sentencia; y que haya priorizado la investigación de casos ocurridos en 2016, valiéndose de los registros de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Al tener en cuenta esos dos factores, los resultados de efectividad que anuncia la Fiscalía, que supuestamente sobrepasan el 50 por ciento de éxito, quedan reducidos a menos del diez por ciento. Por ejemplo, tan sólo 22 de 250 casos investigados, tienen sentencia condenatoria. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Por el contrario, la labor de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo es reconocida en el informe. A la primera, encabezada por Fernando Carrillo, se le destaca la emisión de una directiva para evitar la estigmatización contra los defensores de derechos humanos y agilizar la investigación de sus denuncias; a la par de liderar la Mesa por la Vida, un espacio de articulación entre diferentes entidades estatales para buscar mecanismos de protección para los líderes sociales. (Leer más en: Procurador General de la Nación propuso cambiar esquemas de protección de líderes sociales)
De la segunda, dirigida por Carlos Negret, reconoce la importancia de la Alerta Temprana 026 de 2018, dedicada exclusivamente a la situación de líderes sociales, en la que construyó detallados contextos regionales y describió los riesgos que afrontan 345 organizaciones en todo el país. Esa alerta fue emitida gracias al Decreto 2124 de 2017, que reformó y agilizó la manera como la Defensoría del Pueblo emitía sus alertas, siendo parte de la implementación del Acuerdo de Paz. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Sobre la Unidad Nacional de Protección, encargada de la seguridad de 5 mil 200 personas, el informe insiste en que su política está equivocada y lo seguirá estando: “Poner el acento nuevamente en la protección física, como lo hace el actual Gobierno, porque aumentará la demanda de protección y por ende se tendrá que incrementar el presupuesto, significa que no hay ni habrá políticas de fondo para evitar el crecimiento del riesgo, por el contrario, se seguirá con la jugarreta cruel de salvar vidas con chalecos, carros blindados, escoltas, teléfonos y demás, y así prolongar el problema perversamente, antes que solucionarlo”.
Este informe es una voz de alerta que, ante la inoperancia del Estado y de sus administradores de turno, sumada a las múltiples alertas que han realizado y seguirán realizando organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional, revela que Colombia vive un bucle sin fin de la escena en la que Alex DeLarge, protagonista de La Naranja Mecánica (1971), película escrita y dirigida por Stanley Kubrick, es maniatado y forzado a ver una sucesión de escenas de violencia sin parpadear. ¿Qué se necesita para romper ese ciclo infinito de violencia advertido y más que diagnosticado?
