VÍCTIMAS

El gobierno presentó en Sincelejo la primera demanda dentro del proceso de restitución de tierras.  Un juez decidirá si un empresario se aprovechó del desplazamiento de unos campesinos para comprarles a bajo precio.

Campesinos del corregimiento de Pichilín, en el municipio sucreño de Morroa, esperan recuperar sus tierras por medio de la nueva legislación que reconoce sus derechos como víctimas del conflicto armado interno. Foto:VerdadAbierta.com.

Comenzó el primer juicio de restitución de tierras en el país, luego de que el Congreso aprobara en junio de 2011 la ley de víctimas.  El reclamo de 40 familias campesinas del predio Pechilín, en el corregimiento de Pichilín en el municipio de Morroa, Sucre, será evaluado por un juez agrario, que decidirá si le quita cerca de 310 hectáreas a un ganadero, para devolverlas a sus antiguos dueños, que dicen ser víctimas de la violencia paramilitar entre 1992 y 2005.

La finca Pechilín fue entregada por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, a 40 familias campesinas en la década de los 80, pero con el avance paramilitar en la zona, muchos de sus pobladores comenzaron a desplazarse. La situación se agravó luego de una masacre cometida por las autodefensas en 1996, que produjo el éxodo de casi todos los campesinos propietarios del predio.

Para 2006, cuando los labriegos regresaron a la zona, un empresario apareció y comenzó a comprar las tierras por un valor mucho menor al que tenían comercialmente. 

Según documentó la Unidad de Restitución del gobierno, los antiguos dueños recibieron  aproximadamente 350 mil pesos por hectárea. En la actualidad, según peritos, en la zona el precio comercial de una hectárea está entre dos y tres millones de pesos.  La mayoría de las familias han dicho que vendieron sus derechos ante la difícil situación económica que vivían. 

El empresario que compró la finca la vendió. El actual propietario, que es el tercero en la cadena de transacciones por la que ha pasado la propiedad desde el 2006, ha dicho que adquirió la finca de buena fe.

La demanda incluye la solicitud de restitución de la viuda de uno de los antiguos dueños, el campesino Luis Payares, asesinado en 2005.  Aunque la esposa de este labriego nunca firmó la venta de sus derechos sobre la tierra, tuvo que abandonar la finca.

Si el juez que lleva el caso determina que la tierra debe ser restituida, tendrá que evaluar si el actual propietario adquirió la finca de buena fe, para saber si recibe algún tipo de indemnización.  En caso de que la justicia encuentre que el comprador inicial se aprovechó de la condición de los campesinos, tendrá que compulsar copias para que se abra una investigación en la Fiscalía.

Desde mayo de 2012, la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno, recogió pruebas de las denuncias de los campesinos para presentarlas ante un juez especializado en Sincelejo, que resuelve el caso. 

La ley de víctimas determina que todos los reclamos por despojo deben hacerse ante las oficinas regionales de la Unidad de Restitución, que evalúan la veracidad de las solicitudes. Luego son presentadas formalmente ante un juzgado, encargado únicamente de estos procesos, que define la situación de los predios. 

El tiempo que debe tomarse el juez para emitir un fallo aún es incierto.  Aunque la ley indica que tiene cuatro meses, el juicio puede tomar más tiempo si existen procesos en la justicia ordinaria que involucren el mismo predio. "Toda esta estructura de justicia es nueva y hay que esperar cómo se desarrollan los casos para saber que tan rápido se resuelven.  Creemos que no deben superar los seis meses", explicó un funcionario de la Unidad de Restitución.

Si existe algún tipo de oposición a la demanda, como ocurre en este caso por parte del propietario actual del predio, el juez debe entregar el proceso a un magistrado de un tribunal superior, que tendrá la última palabra.

La masacre de Pichilín
El asesinato colectivo que produjo un desplazamiento masivo en todo este corregimiento de Morroa ocurrió el 2 de diciembre de 1996.  Según testimonios entregados por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del proceso de Justicia y Paz, 50 miembros de la Convivir Nuevo Amanecer asesinaron a 11 campesinos del corregimiento de Pichilín. Según Mancuso, los homicidios se dieron como parte de una estrategia de expansión de las Autodefensas de Córdoba y Urabá hacia el oriente de la Costa Caribe. 

Según el ex jefe de las autodefensas, en el corregimiento se encontraba el frente 35 de las Farc y varios de los campesinos de la zona fueron señalados como auxiliadores de la guerrilla.  Mancuso señaló que la masacre fue cometida con el apoyo de miembros de la fuerza pública que controlaban esta zona del departamento de Sucre.