Tras tres años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las investigaciones sobre predios rurales abandonados y despojados arrojan resultados que evidencian que el problema no se reduce a un asunto de víctimas y victimarios, tal como podría apreciarse a primera vista. Más allá de ellos están los segundos ocupantes, muchos de ellos tan pobres como los reclamantes y que representan otra cara en los procesos de restitución.

El problema que ahora enfrentan las autoridades en materia de reclamación de predios rurales abandonados o despojados por efecto de la guerra, es que la ley no consideró la existencia de esos segundos ocupantes, que no tienen relación con grupos armados ilegales, tampoco son testaferros y mucho menos son compradores de mala fe.

Las explicaciones de por qué esas familias viven en esos predios son variadas: se puede trata de personas que compraron sin malicia pues el vendedor acreditó documentos; o que siendo desplazadas de otras regiones encontraron un terruño abandonado y sin más opciones de trabajo, decidieron ocuparlos; o que el antiguo Incora (hoy Incoder) les adjudicó una parcela que en el pasado había pertenecido a otra familia y no lo sabían; o que por supervivencia o miedo un grupo armado los ubicó en esas tierras.

Las autoridades ya enfrentan varios casos, entre ellos el de la hacienda La Magdalena, en Bugalagrande, Valle del Cauca, objeto de despojo y de múltiples transacciones (Lea: La Magdalena, una hacienda que creció a punta de despojos); también el de La Emperatriz, en Carmen de Bolívar, Bolívar, que involucra a la empresa cementera Argos (Lea: ¿Quién tiene derecho a La Emperatriz en Carmen de Bolívar?); otro en Alto Tillavá, Puerto Gaitán, Meta, cuya decisión judicial afectó a los segundos ocupantes (Lea: Restitución tormentosa en Puerto Gaitán); y uno más en San Alberto, sur del Cesar, donde se han generado fuertes tensiones entre reclamantes, antiguos dueños y aquellos que deben aplicar la ley. (Lea: La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto).

VerdadAbierta.com consultó a Yamile Salinas, asesora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y a Rocío del Pilar Peña, coordinadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, sobre las dificultades y retos que generan los segundos ocupantes; también le preguntó al Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, sobre cuáles serán las posibles soluciones para atender la situación que ha generado críticas al proceso y por la cual ya se anuncian marchas (Lea: Anuc realizará plantón ante Tribunal de Tierras en Cartagena).