Desde mayo de 2013, la Unidad de Restitución de Tierras comenzó a poner en práctica un programa que define qué es un segundo ocupante, y cómo y con qué podría indemnizarse. Ricardo Sabogal, director de esta dependencia estatal, explica que no propondrán una reforma a la Ley de Víctimas y Restitución sino que seguirán poniendo en marcha ese programa que, para hacerlo público, se debe tener el aval del Ministerio de Hacienda.

Sabogal reconoce que la ley se formuló pensando que era un asunto sólo de víctimas y victimarios, o despojados y despojadores, cuando se encontraron que muchas familias que vivían en los predios reclamados y se presentaban como opositores a la restitución no siempre actuaron de mala fe, o también son víctimas, dependen de estas tierras para su subsistencia o están en situación de vulnerabilidad.

Aunque la norma le fija a la Unidad un máximo de 150 días para documentar los casos, redactar la demanda y presentarla ante un juez, Sabogal acepta que han tenido que replantear esos tiempos porque el trabajo de campo ya no se limita a los datos del reclamante sino también de los nuevos ocupantes, cuando los hay. Pero considera que la complejidad también tiene que ver “con la debilidad o inexistencia de la institucionalidad en lo local y de la falta de información sobre derechos de propiedad rural”, refiriéndose a la desactualización de bases de datos sobre predios y sus propietarios.

Frente a la crítica del fraccionamiento de parcelaciones para documentar los casos y la sugerencia de presentar las demandas ante el juez de manera colectiva, Sabogal considera que eso “hubiera sido lo ideal” y aunque los contextos de violencia fueron iguales para una misma parcelación, “cada predio tiene una historia distinta. Unos abandonaron, otros vendieron, en otros casos la parcela pasó de mano en mano”.

El funcionario acepta que, además, fue una fórmula para darle celeridad al proceso. “Si hubiéramos, por ejemplo, esperado a documentar todas las parcelas de El Toco, Cesar, para presentar el caso colectivo al juez, todavía no estaría lista la demanda”, dice.

Sobre el cuestionamiento de dónde van a salir el dinero y las tierras para indemnizar y compensar a los segundos ocupantes, Sabogal asegura que será del Fondo de la Unidad de Restitución, que tiene un presupuesto asignado y una bolsa de predios transferidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Según datos del Fondo, el presupuesto de 2015 es de 27 mil millones de pesos para indemnizaciones y cuentan con 20 predios, 15 de ellos de extinción de dominio que suman 233 hectáreas, avaluados en 18 mil millones.

Sin embargo, aclara que estos predios están dispuestos para compensar a las víctimas y lo que tienen previsto es que el Fondo pueda comprar predios para atender los casos de segundos ocupantes. “Consideramos que los recursos están”, afirma Sabogal.

Finalmente, el funcionario asegura que son conscientes de la complejidad del proceso de restitución y por eso están documentando no solo los casos de las víctimas reclamantes sino de las familias que están explotando esos predios para que el juez tenga los suficientes elementos a la hora de decidir. “No se trata de tapar un hueco para destapar otro”, asegura, refiriéndose a que el espíritu de la ley no es generar nuevos conflictos.