Los cultivos ilícitos han estigmatizado a toda la población. Hasta un ex fiscal, el 29 especializado de Medellín, Luis Amin Mosquera Moreno, en un escrito de acusación, dijo que allí: "prácticamente el 100 por ciento de la población campesina se haya dedicada al negocio de tráfico y producción de estupefacientes".
Esa suspicacia de las autoridades en la gente es recíproca. Los ituanguinos tampoco confían en su fuerza pública. "No se nos olvida la época en la que vimos sentados en la misma mesa con los paramilitares", dice Aníbal, otro poblador, que como todos en el pueblo no quiere que se sepa su nombre. Ahora se queja del que el ejército pide comida gratis en las fincas y tildan de guerrillero al que no se las dé.
Entre 2002 y en 2012 se han efectuado cinco capturas masivas en el pueblo, lo que ha profundizado el recelo de la gente. Los operativos inician con el arribo de helicópteros oficiales del CTI de la Fiscalía, protegidos por un batallón de soldados. Entran a todas las casas a las malas, allanan y se llevan gente capturada sospechosa de ser de las Farc.
La Corporación Jurídica Libertad ha acompañado varios de los casos de las capturas masivas del 2012. La primera de ese año fue el 22 de abril; nueve personas fueron detenidas, se les hizo audiencia preliminar ante un juez de Ituango que tomó la determinación de concederles detención domiciliaria a todos, medida que fue revocada en diciembre. Y la siguiente captura masiva fue el 27 de agosto, la última, en la que 22 personas fueron capturas.
Según Bayron Góngora, abogado de esta corporación: "A estas personas se les hizo audiencias en Medellín, en el Palacio de Justicia, ante el juzgado 41 municipal; en ese caso el juez tomó la decisión de no imponer medida de aseguramiento, es decir, que dejó en libertad a todos porque consideró que los medios probatorios de la fiscalía no lograban sustentar una posible responsabilidad penal a los detenidos". En abril del 2013 se hará una audiencia de preclusión de cargos para estas personas.
Alveiro* puso en la sala de su casa, después de la segunda vez que lo capturaron, la bandera de Colombia y la bandera blanca de la paz. Vive con su familia y trabaja de mecánico y como recibe distintos clientes para que les arregle sus carros y motos, el ejército lo puso en la mira, pues seguramente entre sus clientes ha habido algún guerrillero.
"Si acá viene un cliente y me trae el carro para que se lo arregle yo no le puedo preguntar: ¿usted es guerrillero o soldado?", dice Alveiro en su defensa. "Ellos me señalan, pero también al mismo ejército les he arreglado los carros", dice.
Alveiro ha sido capturado tres veces por los mismos cargos, siempre ha quedado libre a los pocos días por falta de pruebas. "La primera captura fue en 2003, estuve retenido veintiséis días en Bellavista. En la segunda captura estuve casi un mes, y en la última, el año pasado, estuvimos doce días en el búnker de la Fiscalía y nos volvieron a soltar".
Para el abogado Mauricio Pineda*, quien prefiere reservar su nombre por temor a ser enjuciado, las capturas masivas son una estrategia de la fuerza pública por aparentar resultados e intimidar a la población, nadie se siente libre de un señalamiento, porque, según cuenta Pineda: "Para las autoridades todos somos sospechosos. Acá las judicializaciones las han hecho basados en testimonios de desmovilizados y de desplazados, personas que por esto reciben beneficios económicos. Son pruebas muy endebles con las que van haciendo un cuadro que el ejército llama una orden de batalla, en el que aparecen los líderes del Frente 18".
La Corporación Jurídica Libertad corroboró que el procedimiento probatorio fue hecho por el ejército: "Cuando nos dieron traslado de todas las pruebas que habían, evidenciamos que el ejército fue el que siguió a las personas y les tomó fotografías, el ejército no puede hacer eso porque no tiene funciones de policía judicial. Luego el ejército consiguió los testigos; lo que hizo la fiscalía fue convalidar, mandó a los investigadores a la guarnición militar y les tomó declaración a las personas que el ejército les puso a disposición, que son supuestos desmovilizados a los que nunca les pidieron un certificado del CODA".
Además, de las personas que han sido capturas en las cinco ocasiones, tres están muertas: el señor Javier Darío Samper y la joven Luz Aleida Uribe, de quienes se rumora fueron asesinados por las Farc, y Andrés Felipe Correa, asesinado el 24 de diciembre del 2012 por el ejército, según denunció la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
A Alveiro más que su buen nombre le preocupa la tranquilidad de sus hijos, quienes han estado presentes en las capturas. En la última, estaba en la sala de la casa acompañando a su hijo menor que hacía tareas del colegio: "Los hombre entraron y me tiraron al piso, me colocaron una pata encima de la cabeza y me amenazaron con un fusil. Mi niño pequeño estaba sentado ahí, llorando a los gritos".
Alveiro permanece con psicosis, piensa que en cualquier momento pueden llevárselo de nuevo, teme por su vida y la de su familia, por eso decidió poner las banderas de Colombia y de la paz, dice que en la escuela le enseñaron el respeto por los símbolos patrios, pide respeto solo por el hecho de ser colombiano. Por esto, si algo le ha indignado, ha sido el cubrimiento de los medios.
En una carpeta guarda los recortes de prensa donde aparece la noticia de su captura, al hojearlos pregunta y reclama: "¿Cómo testifica un medio de comunicación que uno es guerrillero sin tener pruebas?".