Van 37 líderes comunitarios y activistas de derechos humanos asesinados este año por los actores armados. Los cuerpos de muchos fueron encontrados con signos de tortura, lo que indica que eran objetivo político.
Defender los derechos de una comunidad o liderar sus clamores es una actividad cada vez más riesgosa en Colombia. Así lo revela hoy el informe Héroes Anónimos del Programa Somos Defensores: en el primer semestre de este año, 37 hombres y mujeres fueron asesinados por impulsar los intereses de sus compatriotas, mientras que en los primeros seis meses del año pasado fueron asesinados 29. La cifra por sí sola escandaliza, pero preocupa aún más saber que va en aumento, en comparación con los héroes sociales caídos que en el mismo período de 2012.
Esto significa que cada cuatro días matan en nuestro país a un presidente de Junta de Acción Comunal, o a un dirigente indígena, a un docente sindicalizado, a un reclamante de tierras u a otro líder comunitario.
Según el completo informe de Somos Defensores, el liderazgo social fue más afectado en tres departamentos, pues fue en éstos Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, donde ocurrieron cerca de la mitad de los homicidios de todo el país. (Ver mapa).
Aunque la suma de todos los tipos de agresiones muestra un descenso del 5,6 por ciento, comparando el primer semestre de 2013 con el del año pasado, los números de agresiones siguen siendo intolerablemente altos para una sociedad democrática. En seis meses de este año se registraron 153 ataques u hostigamientos contra los defensores comunitarios y de derechos humanos; esto es un promedio de un ataque diario.
Antioquia fue el departamento donde se registró el mayor número de agresiones, 21, seguido por Santander y Bogotá, con 18 cada uno. Sólo en 12 de los 32 departamentos no se registró ninguna agresión. (Ver Mapa).
La agresión más frecuente es la amenaza. Y ésta, como los homicidios también aumentó. El informe constató que hubo 86 amenazas contra los defensores entre enero y junio de este año, cinco más que en el mismo lapso de 2012.
En la tercera parte de los casos, quienes recibieron amenazas fueron asesinados. Si las autoridades hubieran investigado con celeridad estas amenazas sus vidas se hubieran salvado, y con ellas se hubieron protegido efectivamente los derechos de varias comunidades. (Ver gráficos en la sección Las Estadísticas, pestaña Agresiones Contra Defensores).
El Programa también denunció que el gobierno ha invertido más dinero en los últimos años para darle protección física a los defensores, a través de un sistema de contratación de esquemas privados de seguridad, pero que, a pesar de ellos, se han protegido cada vez a menos personas.
Los asesinatos
Abril fue el mes más violento, pues asesinaron a 10 defensores o líderes. El Programa Somos Defensores explica que esto no fue casualidad, pues la mayoría de defensores asesinados durante ese período hicieron parte o impulsaron en sus regiones la Marcha por las víctimas del 9 de abril o fueron asistentes al Congreso Nacional de Paz realizado entre los días 18 y 22 del mismo mes.El reporte también indica que "este primer semestre estuvo enmarcado por una tensión constante en temas políticos y de derechos humanos en Colombia. Muchos movimientos campesinos que viven del café, y las asociaciones que los agremian entraron en paro de actividades, lo que generó una crisis de movilidad y abastecimiento de víveres".
Un caso citado por Somos Defensores es el de José Alonso Lozano, integrante de Marcha Patriótica, quien fue desaparecido el 24 de marzo en Mapiripán, Meta. Su cuerpo fue encontrado días más tarde en el río Guaviare, y llevado como N.N. al municipio de San José del Guaviare.
El reporte de las organizaciones de la región indica que "Lozano había sido delegado por Marcha Patriótica para coordinar la movilización y participación de los habitantes de esa región para el masivo evento del 9 de abril donde centenares de campesinos se movilizarían hacia la ciudad de Bogotá".
La tercera parte de los 18 homicidios registrados en Antioquia, Cauca y Valle se cometieron en enero, y la mayoría de las víctimas eran líderes comunales (7) y líderes indígenas (6). (Ver gráfico en la pestaña Tipo de Defensor y Profesión).
El documento de Somos Defensores expresa su preocupación porque sólo uno de los homicidios tiene una condena y aún no se tiene una investigación por parte de la Fiscalía donde se identifique totalmente al agresor en los demás casos. El estudio muestra que 26 de los autores de los graves delitos son desconocidos, le siguen como presuntos autores los paramilitares con 6, el Ejército (3), las Farc y un familiar-excombatiente (1).
Uno de los asesinatos cometidos presuntamente por el Ejército, fue la ejecución extrajudicial de un menor de edad. La víctima fue Eduar Enrique Cardozo Flórez, de 17 años y quien se desempeñaba como líder juvenil la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Bolívar. Las versiones señalan que el joven salió a cazar con su hermano el 4 de junio. Luego de que ellos le hubieran disparado a un animal, Cardozo fue herido al parecer por soldados. "Frente al asesinato, el Ejército señaló que el joven era un guerrillero dado de baja en combate", sostiene el reporte de Héroes Anónimos.
El informe describe así como han sido atacados las víctimas: "La mayoría de los crímenes tienen como hecho inicial la desaparición del líder y su posterior asesinato; los cuerpos en casi todos los casos tenían señales de tortura. Los cadáveres son hallados horas o días después en zonas cercanas al lugar de la desaparición. Esto evidencia, a nuestro juicio, un seguimiento previo del líder y la planeación de su asesinato".
Por otra parte, Somos Defensores hizo un llamado al Estado para mejorar la protección de los líderes y a brindarles asistencia psicosocial. El organismo reseña la muerte de Angélica Bello, defensora de los derechos humanos de las mujeres y directora de la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer.
El 16 de febrero, Bello apareció muerta en su residencia en el municipio Agustín Codazzi, Cesar. La versión de la Policía indica que la mujer, quien era custodiada por agentes de esa institución, se disparó con el arma de dotación de uno de sus escoltas. Las investigaciones aún no han concluido. "No se descarta que este posible suicidio pueda ser en realidad un homicidio encubierto. Estaremos atentos a los resultados de las investigaciones", señala el informe.
Protección y acompañamiento
La organización autora del informe indica que revisó los contratos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y halló que la seguridad de los líderes está a cargo de tres consorcios conformados por ocho empresas de seguridad privada. "La vigencia de esta contratación es desde el 2012 hasta julio de 2014, por un valor de $ 213.140.404.020". (Ver gráfico Contratos para la Escolta).
En el reporte se explica que en 2008 la protección de los defensores dependía directamente del Ministerio del Interior (aún no existía la UNP), el cual contaba con 200 escoltas a cargo de la empresa privada de seguridad VISE.
Somos Defensores sostiene que en 2013 –bajo el control de la UNP- la cantidad de escoltas incrementó en 1.000 por ciento, al tener un aumento de 2.000 hombres. "Estos escoltas devengan mensualmente un monto cercano a los $5 millones (entre salario y viáticos); lo que nos arroja la sorprendente cifra de $10.000 millones mensuales de nómina "paralela" a la UNP, y unos $120 mil millones al año, sólo en pagos a escoltas".
El organismo reclama sobre este aumento de unidades de seguridad que "este número de escoltas privados incrementó porque también los protegidos se han incrementado. Pero las cifras no cuadran. Según datos entregados por el Gobierno Nacional de la administración Uribe, en 2008 el "Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales" del Ministerio del Interior, protegió a "casi 9.000 personas pertenecientes a 16 grupos vulnerables y a 13 comunidades en riesgo…El presupuesto del programa para el año 2008 alcanzó los 4 millones de dólares" . Y entonces ¿qué pasó? ¿Si en 2008 teníamos 9.000 protegidos y hoy tenemos 7.500, necesitamos 1.800 escoltas privados más? ¿Cómo pasamos de 4 millones de dólares a 118 millones de dólares en el presupuesto de los esquemas de protección?".
Sobre el procedimiento de la contratación Somos Defensores indicó que "desde la misma construcción del Pliego de Condiciones para la contratación, se denota un direccionamiento hacia la protección material, armada y sobre todo con un claro componente económico que fue transversal para determinar las empresas que se harían cargo de la protección a personas en riesgo en Colombia. Tal es el caso que en la Evaluación de Propuestas (instrumento de los pliegos) se explica que tendrán ponderación del 50% la propuesta económica de cada empresa. ¡Lo importante es cuánto cobre!".
El organismo sostiene que "la protección a la vida entonces es conceptualizada [por la UNP] como un ejercicio explícito de seguridad física o material, pero el resto de factores (forma de trabajo de los defensores(as) en los territorios; afectación a procesos sociales por desarrollo de actividades con hombres armados; garantías para las familias de los protegidos, etc.) no son tenidos en cuenta. Según esta lógica el riesgo se minimiza o neutraliza por el uso de las armas".
De otra parte, en el reporte se hace referencia a que la investigación de los antecedentes penales y disciplinarios se realizó a los gerentes de las empresas, pero no queda claro cómo es el procedimiento de contratación de los escoltas.
Somos Defensores sostiene que "si bien la Unidad Nacional de Protección muestra cifras y presupuestos destinados a la protección de líderes y defensores, la realidad sobre las agresiones (particularmente homicidios), confirma que no es suficiente la protección material si no hay medidas políticas de protección; y si existieran, no se requeriría de presupuestos exorbitantes como los que se utilizan hoy en día para la protección material".
Agresiones
El departamento donde se cometieron más agresiones fue Antioquia con 21, le siguen Santander y Bogotá (18 cada uno) y Valle del Cauca (17). En el resto de regiones se registraron entre 1 y 16. De los 32 departamentos los únicos que no registraron víctimas fueron 12: San Andrés, La Guajira, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Casanare, Vichada, Gauinía, Vaupés y Amazonas.
El Programa Somos Defensores resalta la variación en el número de agresiones en Cauca. En el 2012 este departamento tenía el mayor número de casos con 25 hechos, mientras este año registró 8 . "Pero es muy importante aclarar que de esos 8 casos, 6 son asesinatos. Lo que nos permite deducir que las acciones violentas se han materializado con consecuencias fatales", señala el informe.
Las estadísticas analizadas mes a mes indican que el mayor número de casos registrados se presentó en mayo con un 31% (48 agresiones) y abril con el 28% (43); febrero con un 15% (23); enero y marzo con 9% respectivamente (14), y junio con 8% (13). Las causas del aumento de las cifras entre abril y mayo son los mismos motivos políticos que se exponen en lo referente a los homicidios.
Las agresiones más frecuentes siguen siendo en el 2013 las amenazas individuales. Los paramilitares (o bandas criminales) son los principales responsables con 70 casos (45%), le siguen los autores desconocidos con 67 (44%).
Según el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Siaddhh, Chocó encabeza la lista de los departamentos con el mayor número de amenazas individuales con 14 casos, en segundo lugar está Santander (13), Atlántico (11), Antioquia (10), Bogotá (9), Valle del Cauca (8), Cesar (5), Caldas y Sucre (4), Caquetá (3), Nariño (2), y Cauca, Córdoba, Magdalena, Putumayo, Risaralda (1).
Ante las cifras que arroja el informe el Programa recomienda "observar y analizar las condiciones en que fueron asesinados los líderes y defensores(as) del país. Es evidente luego de la investigación, los altos niveles de planeación y seguimiento de los asesinos, así como la reactivación de fenómenos regionales con relación a la acción de paramilitares en contra de defensores y defensoras de DD.HH en departamentos como Antioquia, Bolívar, Cesar, Boyacá y Santander, como también la grave afectación del trabajo de líderes comunales, indígenas, de víctimas, y de restitución de tierras".