Después de las reuniones en las que participaron lideres de movimientos, ongs, universidades, observatorios, gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Asociación Nacional de Empresario de Colombia, Andi, otro elemento que salió a flote fue la necesidad de crear una política en la que coexistan los intereses de las dos partes.

Así, de acuerdo con las relatorías socializadas por miembros de la ONU, una reforma agraria debe propender por una especie de economía solidaria entre los sectores privados y las comunidades productoras que puedan concertar proyectos conjuntos bajo los condicionamientos de territorio y diferencial, respeto por el medio ambiente y sobre todo inclusión de las víctimas del conflicto y de los actores armados que decidieron desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil.