El Mulero, otro de los antiguos predios de los Duque, titulado a Ketty Duque Barros, fue afectado por un proceso de extinción de dominio en 1993 por lo que el Incora lo adjudicó en 1997 a 17 campesinos que fueron desplazados de esas tierras. Sin embargo, una de las parcelas en que se subdividió el predio también fue adquirida por 'Tuto' Castro, quien luego la englobó con otras fincas, según lo constató el mismo informe a la Corte.

Tras el retorno y la resistencia de los campesinos a abandonar de nuevo sus tierras, el 3 de diciembre de 2007 se realizó una reunión de conciliación en el Incoder a la que acudió 'Tuto' Castro, quien reconoció que tenía fincas que no le pertenecían y prometió devolverles a los campesinos los predios de los que se había apoderado en El Mulero, Las Mulas y Las Planadas. Hoy estas tierras están ocupadas por los campesinos en espera que les sean legalmente restituidas.

"No entregó Santa Martica y La Boquilla. En Santa Martica ya había hecho obras como acueducto, luz, unos potreros muy bonitos, unas casas la verraquera. La Boquilla tiene madera, eucalipto y tolúa. Esos predios no los quiso entregar", contó Orlando Yánez a VerdadAbierta.com, el líder de los campesinos despojados en toda región, en 2009.

El 11 de marzo de 2009, el ganadero Dagoberto Meza compró y englobó 46 hectáreas que también hacen parte de El Mulero. Luego, el 30 de diciembre de 2010, les sumó 252 hectáreas más, repartidas en cinco parcelas. Así que de las 601 hectáreas originales de El Mulero, Meza adquirió 300. El Incoder, luego de hallar irregularidades en las transacciones, presentó en octubre de 2012 una demanda para anularlas y así poder devolvérselas a los campesinos, legítimos poseedores de esas tierras.

Según el Incoder, las compras que hizo Meza violan la normatividad agraria, ya que concentró predios que habían sido baldíos, por encima de los límites máximos establecidos por la Ley, que en el caso del municipio magdalenense de Plato donde quedan las fincas, es de 74 hectáreas. La lógica de la ley es que los predios de la Nación (baldíos) deben ser adjudicados prioritariamente a campesinos sin tierra, y cada predio no debe sobrepasar la extensión de una Unidad Agrícola Familiar; es decir una finca que les de suficiente a cada familia para sostenerse. Por eso, si alguien compra varias fincas adjudicadas por reforma agraria de una UAF, las une o engloba en una sola, y la vende, está violando la ley agraria.

Sin embargo, esta demanda ha sido presentada en dos oportunidades y rechazada por el Juzgado Civil de Plato con el argumento de que faltan documentos, según fuentes cercanas al proceso.