Con tratos turbios, desde ventas forzadas hasta titulaciones fraudulentas del antiguo Incora, los campesinos adjudicatarios de fincas en esta vereda de Plato, Magdalena, fueron víctimas de despojo. Ahora el Estado desenreda la madeja para restituirles sus derechos.

A unos cuantos kilómetros de La Pola, cuartel general del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', en Magdalena, está la vereda La Palizúa, donde durante muchos años la familia Duque Barros tuvo una hacienda. Fue hace unos treinta años que Emilia Catalina viuda de Duque dividió sus tierras en cinco partes iguales para que quedaran en manos de cada uno de sus hijos: Santa Martica, Las Planadas, La Boquilla, El Mulero y Las Mulas (cada una de 601 hectáreas).

Poco después de la repartición familiar, los campesinos se metieron a las fincas para reclamar que les titularan la tierra que estaba sin explotar. "Entre 1982 y 1983, cuando la Anuc decidió invadir tierras improductivas que pertenecían a grandes terratenientes, entramos a La Palizúa y logramos que el Incora comprara parte de la tierra y nos la adjudicara", dijo un campesino que participó en las tomas.

Cuando eso sucedió, no todos los herederos Duque habían vendido. Allí hacia presencia el frente Manuel Domingo Barros del Eln, que aunque intentó permear el movimiento campesino, esté terminó alejándose del grupo guerrillero cuando empezaron a esconder secuestrados en la región.

Los campesinos se instalaron en sus parcelas, algunos con títulos, otros esperando a que el Incora terminara el trámite de adjudicación para tenerlos. Sembraron y hasta alcanzaron a construir un pequeño pueblo con puesto de salud, Telecom y energía eléctrica.

El 15 de agosto de 1997, los paramilitares llegaron a La Palizúa. Convocaron a una reunión en la finca Santo Domingo, donde le advirtieron a la gente que tenía 15 días para salir, dejar sus tierras y a quién desafiara su orden lo matarían. La mayoría salió despavorida, pues vieron que cumplirían sus amenazas. Según lo pudo documentar este medio, los paramilitares asesinaron a 19 pobladores de La Palizúa por oponerse a la orden de Tovar Pupo, cuyo poder omnímodo sobre la vida y la muerte de la gente le mereció el apodo de 'el papa' y a su cuartel general el de 'vaticano'.

Con la llegada de los paramilitares, aquellos Duque que no se habían ido de sus fincas se marcharon pero cuando regresaron después de la desmovilización para recuperar sus tierras, tuvieron que pedirle permiso a 'Jorge 40' para poderlas vender. "Para realizar las ventas tenían que pagar un impuesto de 10.000 pesos por hectárea y Tovar Pupo fue ubicando gente de su seguridad o familiares de estos en los predios", contó en febrero de 2011, en una versión colectiva ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Oscar José Ospino Pacheco, alias 'Tolemaida', quien fuera jefe militar del Frente Juan Andrés Álvarez. Por este motivo, "alias 'Codazzi', alias 'Bola Ocho' y alias 'El Flaco', tenían parcelas en esa zona", dijo.

Libre de propietarios, la tierra les quedó disponible a los paramilitares para hacer lo que quisieran de ésta. Consiguieron, por ejemplo, que el Incora (hoy Incoder) les adjudicara partes de la antigua Palizúa a familiares y amigos de Augusto, 'Tuto', Castro Pacheco, hermano del entonces senador Jorge Castro, condenado luego por vínculos con el paramilitarismo (ver "¡Señor '40' devuélvanos nuestras tierras!")

Santa Martica, uno de los predios heredados por los Duque, sobre el cual había 18 solicitudes de extinción de dominio presentadas por los campesinos desplazados, fue hasta el 8 de marzo de 2013 propiedad del 'Tuto', cuyo poder en la región quedó demostrado en junio de 2007 cuando los campesinos, armados de valor para retornar, se resistieron a que la Policía, a nombre de su despojador, intentara desalojarlos y quemara sus ranchos. Lo mismo sucedió con La Boquilla.

Luego del desplazamiento forzado de fines de los años noventa, los usurpadores tejieron tal entramado de transacciones comerciales con estos predios, que hoy resulta particularmente complejo devolverles las tierras a sus auténticos poseedores y propietarios.

Ya el Incoder recuperó Santa Martica y La Boquilla con la culminación de un proceso de extinción de dominio. En el caso de Las Planadas está en trámite las adjudicaciones a los campesinos. Y con relación a El Mulero y Las Mulas, el Instituto ya presentó demandas para anular las transacciones irregulares.