Inequidad rural, telón de fondo de la guerra

El detonante del conflicto armado fue la concentración histórica de la propiedad de la tierra y el desarrollo de políticas excluyentes.

1. ¿Qué dice sobre el origen del conflicto armado?

El investigador advierte que la médula del conflicto armado está en la distribución inequitativa de la propiedad rural, que comenzó entre la década de 1920 y 1930 cuando la inversión norteamericana incentivó en el campo el desarrollo capitalista, promoviendo un modelo de concentración de tierras que se materializó con la conformación de las haciendas. La ruralidad se caracterizó porque mayoritariamente los pequeños productores fueron liberales y los terratenientes, conservadores, circunstancia que explica por qué entre 1940 y 1960 hubo tantos reveses en los intentos de reforma agraria, que prometía una mejor distribución de la propiedad.

Fajardo considera que este modelo de la concentración de la propiedad fue impulsado por distintos actores, legales e ilegales, que participaron en la aprobación de “leyes del destierro” o emplearon la violencia para lograr su fin: afianzar la gran hacienda y eliminar la pequeña o mediana propiedad. Según el académico, esta situación se atizó con el narcotráfico, que en los años 80 aprovechó la difícil situación de campesinos empobrecidos que aceptaron vender sus terruños a bajos precios o cedieron sustituir el pancoger por los cultivos ilícitos.

El modelo agrario tampoco cambió en el siglo XXI. El investigador señala que el acaparamiento sigue perpetuado por políticas estatales que atienden el mercado de tierras y favorecen a las agroindustrias en la apropiación de terrenos baldíos que, según el espíritu de la reforma agraria, deberían ser para las comunidades más pobres e históricamente más productivas del país.

2. ¿Cómo explica su prolongación y degradación?

Fajardo considera que el conflicto persistió por la aceptación de la política norteamericana y su modelo de la gran propiedad, así como por el ataque a las organizaciones agrarias que defendieron el acceso a la tierra y el mejoramiento de sus condiciones de vida. También porque el narcotráfico extendió sus tentáculos hasta el poder local y logró apropiarse de territorios campesinos y étnicos para lavar sus fortunas ilícitas.

Bajo la premisa de que combatiría esta economía ilegal, el gobierno aceptó el Plan Colombia, ‘justificó’ la militarización y desarrolló políticas agrarias sosteniendo que el país “era un laboratorio de guerra contrainsurgente”. Así, los pequeños productores que reclamaron tierras no sólo fueron perseguidos y expulsados con violencia sino mediante mecanismos legales.

3. ¿Qué efectos deja la guerra?

Este académico señala que el conflicto deja 6 millones de víctimas, 5.5 millones de hectáreas despojadas y tierras de vocación agrícola acumuladas. Al estar la tierra productiva acaparada, la población colombiana sufre por el desabastecimiento alimentario, el desempleo y la pobreza. Durante la última década, el país pasó de importar 405 millones de dólares en 1990 a 4 mil 750 millones en 2014 para abastecer con alimentos el mercado nacional, y la concentración de la propiedad condujo a que la gente buscara empleo informal, aceptara contratos temporales o trabajara en condiciones de sobreexplotación.

La represión debilitó a las organizaciones sindicales que defendían los intereses de los trabajadores: entre 1986 y 2012, casi tres mil sindicalistas fueron asesinados. Para el investigador, otro efecto es la consolidación del actual proyecto económico, que a su juicio no genera desarrollo y sí depreda los recursos naturales, además de agravar las formas de despojo porque legaliza tierras despojadas que ahora son explotadas por transnacionales agrícolas y mineras.

4. Observaciones

El recorrido histórico que hace el investigador concluye que el origen del conflicto armado en Colombia sigue presente, pues el Estado no diseña ni implementa políticas que favorezcan una distribución equitativa de la propiedad rural y garanticen, como consecuencia, un mejor uso de las tierras, autonomía alimentaria y calidad de vida.

Fajardo critica el gobierno de Juan Manuel Santos advirtiendo que su discurso es contradictorio: por un lado busca poner a las tierras en la agenda central con la implementación de una política como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; pero por otra, apoya el trámite del proyecto de Ley 133, más conocido como Ley de Baldíos que, a su criterio, legaliza el despojo bajo la figura de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), en las que los empresarios una vez más tendrán ventaja sobre los parceleros.

(*) Profesor de la U. Externado y gestor de las Zonas de Reserva Campesina, experto en reforma agraria.