Ya han pasado diez años desde que Chiquita Brands fue condenada en Estados Unidos por financiar grupos terroristas internacionales. En 2007, la compañía confesó que les pagó a grupos paramilitares en Colombia y que, entre 1989 y 1997, hizo lo mismo con las Farc y el Eln.
Este último asunto no trascendió ante la justicia estadounidense porque, a diferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), para la fecha de las transacciones estas guerrillas no habían sido declaradas organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Esto solo ocurrió hasta octubre de 1997 y para ese momento, según la sentencia, no existen registros de pagos a los grupos subversivos.
En Colombia, los fallos de Justicia y Paz han documentado cómo los dineros que las empresas bananeras entregaron a las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, llegaron a las arcas de las Auc. Pero no hay suficiente información sobre el curso que siguieron los dineros entregados a las guerrillas por la multinacional bananera y algunas empresas asociadas.
Tal información es importante si se tiene en cuenta que, en diciembre de 2016, la Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad la financiación voluntaria que hicieron bananeros no solo a los grupos paramilitares, sino también a las Farc, el Epl, el Eln y a la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en el Urabá antioqueño. Esto implica que, sin importar el tiempo que haya pasado, el delito sigue vigente y debe investigarse a fondo para determinar las responsabilidades penales.
Un nuevo lote de documentos desclasificados en Estados Unidos, obtenidos por el National Security Archive, incluye los registros de los pagos que Chiquita Brands y tres grupos bananeros más hicieron a los grupos subversivos entre 1989 y 1997. Los documentos no solo permiten hacer un cálculo aproximado de los montos entregados a cada organización guerrillera, sino que muestran la visión que la tenía multinacional sobre la compleja situación que vivió el Urabá antioqueño para la época.
Las fuentes de estas cifras son los siguientes documentos: 19920904; 19930311; 19950516; 19950616; and 19950000.
De acuerdo con los cálculos realizados por el investigador Michael Evans, del National Security Archive, los documentos registran 856.815 dólares en pagos a la guerrilla en un lapso de algo más de cinco años, entre octubre de 1991 a 1996. La cifra total es más alta, pues los informes no incluyen el dinero pagado antes y después de esas fechas (aunque Chiquita admitió pagos desde 1989 hasta 1997). A esto se suma que no hay información detallada sobre el dinero entregado en 1993.
Banadex, filial de Chiquita en Colombia, jugó un papel fundamental en el complejo panorama de aquellos municipios que vivían de la producción bananera. A comienzos de los noventa, el sector bananero era vital dentro de la economía nacional. La crisis del precio del café durante la década anterior y la expansión del mercado internacional convirtieron el banano en el primer producto agrícola de exportación.
Para ese entonces, en la región convivían dos guerrillas que mantuvieron una fuerte relación con los sindicatos de las empresas bananeras: las Farc y el Epl. Luego de la desmovilización de esta última en 1991 apareció la disidencia de Francisco Caraballo y el movimiento político Esperanza Paz y Libertad. Ante los ataques de las Farc y la disidencia en contra de ‘los esperanzados’, como los conocían en la zona, algunos desmovilizados decidieron rearmarse y crear los Comandos Populares. Grupo que posteriormente se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
A ese entramado se suma la guerrilla del Eln. Aunque no tenía una presencia fuerte en la zona, comparada con las otras guerrillas, también figura en los registros de las empresas bananeras, al igual que su disidencia, la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Desde finales de los ochenta también hicieron presencia los primeros grupos paramilitares.
Chiquita Brands, de acuerdo con sus propios registros, hizo pagos a todos estos grupos armados, así como a sus disidencias y grupos políticos surgidos de los acuerdos de paz, pero los montos variaban de acuerdo a lo pactado con cada organización. Estos pagos sin duda tuvieron un impacto directo en los crímenes de lesa humanidad que cometieron estos grupos armados ilegales.
Entre 1989 y 1997, época en la que se hicieron los pagos, hubo 54 masacres en los municipios bananeros de Apartadó, Carepa y Turbo, de acuerdo con información del Observatorio d Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Las guerrillas asesinaron a 181 personas en 21 de estas masacres, 15 de las cuales son responsabilidad de las Farc.
Conscientes de las irregularidades de los pagos, en los registros contables se asignaron colores para distinguir a los grupos subversivos y no mencionarlos con sus nombres. Se usaron también otros nombres ficticios para reemplazarlos en los recibos como “madera talada”, “gasolina” o “chicos en las Colinas”.
La empresa se inventó un sistema contable, como contamos en el segundo artículo de esta serie, para ocultar dichos dineros.
Informe de “Cuentas de seguridad ciudadana” diciembre 1991 – diciembre 1992. Banadex
Los pagos quedaron consignados en lo que llamaron “cuenta de seguridad ciudadana” y se hicieron en su mayoría a través de Banadex y de la Compañía Frutera de Sevilla, filiales de Chiquita en Colombia, pero también por medio de empresas colombianas socias de la multinacional como Banazuñiga y Banacosta. Hay pagos que aparecen registrados como “Henríquez” que posiblemente hace referencia a la familia Henríquez Gallo, empresarios del banano en Urabá. En 2014, dos miembros de esta familia, Jaime y su hermano Guillermo, fueron señalados por los exparamilitares Raúl Hasbún y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, como financiadores del paramilitarismo.
En enero de 2000, en testimonio secreto ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el directivo de Chiquita Brands, Robert F. Kistinger, aseguró que la empresa estaba siendo extorsionada por la guerrilla. Sin embargo, en los memorandos confidenciales de la compañía se negaban a denominar las sumas de dinero entregadas como pagos extorsivos. Preferían el nombre de “pagos de seguridad ciudadana”, como se ve en el siguiente memorando.
Gastos del gerente
Yo entiendo, basado en mis discusiones con el gerente y basado en la revisión que hice los documentos que el gerente puso a mi disposición, que la cuenta de gastos del gerente en las dos divisiones consiste en mayor parte en pagos extorsivos de la guerrilla hechos por el Departamento de Seguridad a través de nuestro intermediario o asesor de seguridad, (nombre borrado). Yo entiendo que el asesor de seguridad es nuestro contacto con los varios grupos de guerrilla en las dos divisiones. El gerente de Santa Marta me aconsejó que todos los pagos extorsivos, referidos por el gerente como “seguridad ciudadana”, están siendo actualmente manejados a través del Departamento de Seguridad, ya sea John Stabler o Juan Manuel Alvarado, en Medellín, y registrados en los respectivos registros contables de cada división nombrados como “gastos de seguridad ciudadana”. Entiendo que esos pagos no están soportados por algún recibo por un destinatario exterior, y están siendo desembolsados como gastos de la compañía. El total de esos pagos fue de $110 M en Turbo y $3 M en Santa Marta durante el periodo del 1 de enero de 1993 hasta el 25 de octubre de 1993. Esas cantidades han sido desembolsadas por vía de la cuenta de gastos del gerente en 1993.
Memorando Banadex, 5 de enero de 1994.
Tampoco pusieron denuncias por extorsión. Según conoció VerdadAbierta.com, en la Fiscalía solo reposa una denuncia hecha por la compañía en 2003 ante las autoridades colombianas, pero solo en contra de los grupos paramilitares.
Demanda extorsión - Chiquita Brands, 2003
De acuerdo con Mario Agudelo, exintegrante de la guerrilla del Epl, dirigente del movimiento político Esperanza Paz y Libertad, y conocedor del Urabá antioqueño, “en el caso de los ‘paras’ y las Farc fue una financiación permanente”. Distinto, según él, a los pagos esporádicos que se hacían a otros grupos armados en la zona. “¿Hasta qué punto eso fue por presión de las armas? No soy yo nadie para decir en qué caso sí y en qué caso no, pero lo tangible es que aportaron y eso fue el resultado de un acuerdo a largo plazo”.
La situación no era tampoco desconocida en la zona. Consultado por este portal, Carlos Alfonso Velásquez, excoronel del Ejército, quien estuvo destacado en la Brigada XVII de Urabá a mediados de los años noventa como segundo comandante, recuerda haber escuchado al respecto comentarios de su superior, el general Víctor Álvarez: “me comentaba a mí, de pronto algún día, ‘esos bananeros, esos ganaderos, vienen aquí a pedir que los apoye, que la guerrilla los está amenazando, que los está extorsionando, pero yo sé que por debajo de cuerda les dan plata’”.
Negociando con el Eln
Uno de los primeros informes sobre las “cuentas se seguridad ciudadana” fue elaborado por Juan Manuel Alvarado, jefe de seguridad de Chiquita en Colombia, y enviado por fax a su jefe, el antiguo jefe de seguridad corporativa en Cincinnati, Alejandro "Al" Bakoczy.
Allí indica que la empresa prefiere llegar a acuerdos con el Eln y las Farc, comparados con los demás grupos subversivos, por su “estructura de jerarquía que infunde respeto y es acatada antes de cualquier decisión”.
Los primeros años de la década del noventa, el Eln fue quien más dinero recibió de la empresa pues “desde un principio demostró conocer la completa conformación de Banadex”, y podría por lo tanto justificar el cobro de tarifas más altas que otros grupos. Además, de la fuerte presencia que tenía en la zona bananera de Magdalena, donde se encontraba la filial de Chiquita conocida como Samarex.
Informe general sobre seguridad división Turbo – Compañía Frutera Sevilla, 4 de septiembre de 1992
Los pagos se pactaban anualmente y se acordaban los plazos en los que se iba a cancelar el dinero. No se trataba de una cuota impuesta por las guerrillas, sino que era negociada con la empresa. Así lo explicó, John Ordman, quien servía de puente entre las operaciones colombianas de Chiquita y altos directivos en Estados Unidos, “no solo pagas lo que te dicen o terminarás pagando una sucia fortuna”, testificó ante la SEC. “Tienes que decir, no puedo pagar, no voy a pagar (…) Pero tienes que saber cuándo eventualmente aparecer o se te puede salir de las manos”,
Por ejemplo, en 1993 el ELN pidió 20 millones de pesos que fueron discutidos y rebajados a 12 millones. Sin embargo, para la persona encargada de aprobar los gastos, estos valores seguían siendo elevados “para mí 12 millones es demasiado para este grupo”, apuntó. “¿Qué tipo de trato es ese?”, se lee entre los tachones.
Comunicado Compañía Frutera Sevilla – 5 de abril de 1993
Hacer los pagos le permitía a la empresa continuar con sus operaciones. Aunque en ninguno de los registros de esta guerrilla se sugiere abiertamente que el dinero se estuviera ofreciendo a cambio de algún servicio, el siguiente documento muestra que Banadex sí estaba interesada en pedir una retribución. “Como con R (haciendo referencia a las Farc, llamada Rojo) ellos no deberían bloquear nada de lo que hagamos con los sindicatos”.
Comunicado “programa de reducción de celadores” – Banadex, 11 de mayo de 1993
A comienzos de los años noventa, y como resultado de un intenso debate político en el Eln, se creó la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia que se entregó sus armas bajo un acuerdo de paz con el gobierno nacional el 9 de abril de 1994. Para la empresa esto significaba una amenaza, pues creían que esta nueva organización también tenía la información sobre la composición de la empresa.
“Café (refiriéndose a las CRS) como disidencia y agrupación relativamente nueva está ávida de dinero y recurre a cualquier medio para lograrlo”, dice el informe de “Cuentas de Seguridad Ciudadana”. El informe indica que realizaron un secuestro para presionar a la empresa a considerarlos una organización independiente y no incluirlos en los acuerdos a los que previamente llegaron con el Eln.
Los comunicados dejan entrever, sin embargo, que nunca los tomaron como una amenaza seria y que los montos que entregaban de dinero eran menores.
Acuerdos con las Farc
De acuerdo con los registros, entre 1991 y 1992, esta guerrilla no tuvo una fuerte relación con la empresa, especialmente, no hizo solicitudes de dinero. Banadex lo atribuye a las confrontaciones con el Ejército que tuvieron lugar durante esos años.
Chiquita, sin embargo, no ponía en duda el poder de las Farc en Urabá. “Es tan influyente que mediante una orden tiene la capacidad de paralizar la zona en el campo productivo, generando problemas de orden comercial y social”, dice un informe de la Compañía Frutera de Sevilla del 4 de septiembre de 1992. Agrega que este grupo subversivo se caracterizaba por ser extremadamente violento cuando no se cumplían sus pretensiones.
Las Farc y la empresa compartían la preocupación por la proliferación de nuevos grupos subversivos en busca de financiación, lo que creó una “desestabilización en la zona” y, de acuerdo con los informes, enfrentamientos entre las facciones.
Informe general sobre seguridad división Turbo – Compañía Frutera Sevilla, 4 de septiembre de 1992
Este informe general sobre el estado de la seguridad en Turbo del 4 de septiembre de 1992, se refiere además a un acuerdo entre el Instituto de Seguros Sociales (ISS), el grupo Banazuñiga y los sindicatos. Uno de los representantes del sindicato, a quien la compañía señalaba de ser un claro “aliado de las Farc”, no firmó el acuerdo y motivó a otros a no hacerlo. Para la empresa se convierte entonces en una prioridad aclarar la “real situación” con las Farc.
Informe general sobre seguridad división Turbo – Compañía Frutera Sevilla, 4 de septiembre de 1992
Después de este episodio, en 1993 la tendencia se revierte y son las Farc las que reciben más dinero. En una solicitud de desembolso de mayo 11 de ese año, queda en evidencia que este grupo guerrillero también conocía la composición de tres de los grupos de fincas que trabajan con Chiquita Brands. Sabían también los nombres de quienes hacían parte del staff. A pesar de que estaban demandando cifras de dinero más altas, estas todavía no resultaban significativas para la compañía, como muestra el documento, que lo califica como un acuerdo “ventajoso”.
Solicitud de desembolso de mayo 11 de 1993
Los siguientes archivos muestran que la relación entre las Farc y la empresa no tenía mayores altercados, incluso, los intermediarios decían que era más “fácil” negociar con esta guerrilla. Si se presentaba un inconveniente, como por ejemplo sucedió en Magdalena con un carro robado, citaban a reunión y resolvían el problema.
De la misma forma que con el Eln, los registros de 1993 muestran que la administración de Banadex quería “un entendimiento” con las Farc para “no bloquear nada de lo que hagamos con los sindicatos”.
Solicitud de desembolso – Compañía Frutera Sevilla, 11 de mayo de 1993
Al igual que en el caso del ELN, los registros de mayo de 1993 muestran que la administración de Banadex busca "un entendimiento" con las FARC ("R") para que no "bloqueen nada que hagamos con el sindicato".
En 1995, con la llegada cada vez más fuerte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá al mando de Carlos y Vicente Castaño a la zona, a los funcionarios en Colombia parecía preocuparles que se deterioran los acuerdos con las Farc. “A pesar de que conservamos buenos términos al cumplir con nuestras obligaciones salariales, parafiscales, de comercio, etc., el nombre de C.I BDX ha estado presente en una supuesta relación con grupos paramilitares”, dice un informe de seguridad del 18 de septiembre de 1995.
Informe de Seguridad - Samarex S.A. /Banadex S.A., septiembre 18 de 1995.
Durante varias semanas, y a través de diversos canales, VerdadAbierta.com intentó comunicarse con algunos miembros del Secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timoleón Jímenez’, máximo jefe de la organización insurgente, y con Luciano Marín Arango, llamado también ‘Iván Márquez’, jefe negociador ante el gobierno nacional, quien operó en el Urabá antioqueño en la época de los pagos de la multinacional, para conocer sus puntos de vista, pero nunca obtuvimos respuesta, circunstancia que genera dudas sobre la manera de cómo este grupo subversivo encarará los procesos de verdad ante la Justicia Especial para la Paz y la sociedad colombiana.
El complejo entramado del Epl
El 1 de marzo de 1991, en campamentos instalados en varios departamentos del país, poco más de 2 mil guerrilleros del Epl abandonaron la lucha armada y se embarcaron en la construcción del movimiento político ‘Esperanza Paz y Libertad’. Cerca de 150 hombres conformaron una disidencia, encabezada por Francisco Caraballo, quien se negó a desmovilizarse y se enfrentó en armas a sus antiguos camaradas, apoyado por las Farc.
En sus pragmáticos informes, Chiquita Brands registró con preocupación el auge de nuevos grupos armados y los enfrentamientos entre ellos, por lo que se veía en la necesidad de llegar a acuerdos con cada uno. En el informe de seguridad ciudadana de septiembre de 1992, la empresa asegura que la disidencia de Caraballo está cometiendo delitos para recaudar más dinero. Entre otras cosas, secuestraron, asaltaron camiones en todas las vías de acceso desde Medellín y desde la Costa, por lo que Banadex optó por usar el nombre de terceros para transportar su mercancía.
Informe general sobre seguridad división Turbo – Compañía Frutera Sevilla, 4 de septiembre de 1992
“Reconozco que teníamos una serie de imposiciones y precisamente por el despliegue que teníamos en Urabá, nos permitía tener una tributación amplia y recolectábamos lo necesario para nuestra subsistencia y el desarrollo de la organización. Esos tributos, en la mayoría de los casos, era una especie de acuerdo. Hay una situación muy especial, algunos colaboraban y debo decirlo claramente, para no crearse problemas, entonces colaboraban podría decirse voluntariamente”, dijo Francisco Caraballo a VerdadaAbierta.com, pero aclaró que “como revolucionarios que éramos, no pretendíamos convertirnos en una organización rica ni mucho menos”.
De acuerdo Jaime Fajardo Landaeta, exintegrante del Epl, uno de sus líderes políticos más representativos de la época y quien impulsó los acuerdos de paz con el gobierno nacional, después de la desmovilización la mayoría de los recursos recibidos provenían del gobierno: “Nosotros tuvimos un problema muy complejo: quien quedó con los recursos básicos de la organización en el momento de partir (de desmovilizarse) fue el secretariado, que estaba en manos de Francisco Caraballo y de dos más, ‘Danilo’ y ‘Eduardo’, quienes no negociaron la desmovilización”.
También recibieron apoyó de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) para poner en marcha su movimiento político, un pago permitido bajo la legislación colombiana. Para el caso de Chiquita Brands, de acuerdo con sus reportes, a mediados de 1992 los ‘Esperanzados’ intentaron “cubrir la mayor cantidad de fincas” de Banadex. La empresa acordó canalizar sus ayudas a través de Augura.
Informe de “Cuentas de seguridad ciudadana” diciembre 1991 – diciembre 1992. Banadex
Desde el momento de la desmovilización, la disidencia de Caraballo y las Farc comenzaron una campaña de exterminio contra los miembros de Esperanza Paz y Libertad a quienes acusaban de traidores. Por eso, un grupo de estos desmovilizados decidió rearmarse parar defenderse y crearon un grupo conocido como los Comandos Populares. “Los disidentes del Epl lo hicieron porque consideraban que el proceso de paz no les brindaba ningún espacio, y se fueron y se armaron; los otros, los de los Comandos, porque consideraban que los dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad no estaban ayudando en los temas de seguridad, que la dirigencia tenía sus vehículos y esquemas de seguridad, entonces que no les interesaba la seguridad de los demás”, explica Mario Agudelo.
Chiquita Brands, de acuerdo con sus documentos, lo denominaba simplemente como “el brazo armado” de Esperanza Paz y Libertad y, en algunos de sus documentos, lo relaciona a los grupos paramilitares de la zona. El informe de seguridad ciudadana de 1992, asegura que este grupo “estaba de parte del gobierno” y el Ejército “en ocasiones les permitía su ‘libre’ circulación”.
Informe general sobre seguridad división Turbo – Compañía Frutera Sevilla, 4 de septiembre de 1992
En el mismo comunicado dice que la modalidad de los Comando Populares “es la misma que cuando ellos hacían parte del grupo guerrillero; esto es amenazas, intimidaciones, chantajes, etc.”. Agregan que los bananeros pusieron sus quejas por medio de Augura y que en el caso de Chiquita Brands se hicieron “pedidos de poca monta para mercados, drogas, botas, munición”.
Hasta septiembre de 1992 la empresa indica que le entregó 13 millones 200 mil pesos a los Comandos Populares, principalmente a través de Augura. Desde ese momento, los funcionarios del equipo de seguridad en Colombia, informaron que existía un nexos entre los Comandos y los recién llegados paramilitares que estaban “dispuestos a matar todo lo que oliera a comunista”. Indican además “iniciaron patrullajes conjuntos”.
Informe confidencial – Banadex, 24 de abril de 1995
Sea cual fuera la preocupación de la empresa por la tácticas empleados por los Comandos Populares, en 1996 parece estaban resueltas. En una reunión de septiembre de este año con los auditores internos, Al Bakoczy, el jefe de seguridad corporativa en Cincinnati, dijo que Esperanza (aquí como "EPL") "nos ayudó mucho con el tema sindical".
Informe 13 de septiembre 1996 – Banadex
¿Por qué cesaron los pagos?
“Al parecer ha hecho su ingreso a la zona un nutrido grupo de paramilitares desde el norte; se comenta que son alrededor de 200 hombres uniformados y armados”, indica un informe confidencial de Banadex del 24 de abril de 1995.
Dos años después de este comunicado, los pagos a la guerrilla terminaron y Chiquita Brands pasó a financiar a las llamadas Convivir. En esa decisión, fue definitiva una reunión en Montecasino (vivienda de los hermanos Castaño Gil en Medellín) que sostuvieron Carlos Castaño, el líder de las Accu; Charles Keiser, gerente general de Banadex; y Reinaldo Escobar de la Hoz, abogado de la empresa.
Irving Bernal Giraldo, quien fue miembro de Augura y uno de los fundadores de la Convivir Papagayo, recordó este episodio en una indagatoria del 30 de junio de 2015, ante la Fiscalía: “Ustedes le están dando plata a la guerrilla y yo no voy a permitir eso”, les dijo Castaño. Bernal, que acababa de salir de un secuestro, negó la acusación y le contó al jefe paramilitar sobre la idea de Augura de financiar Cooperativas de Seguridad Privada.
“Entonces él conmigo se rebajó, se calmó un poco y entonces miró al señor Keiser y le dijo ‘pero usted sí le está dando plata a la guerrilla’, a lo que Keiser como que asintió". Bernal cuenta que Castaño y Keiser hablaron en privado y, según él, al final de la conversación el jefe paramilitar dijo “ya quedó clara la cosa”.
La historia que sigue después de esta reunión es, en gran parte, historia conocida. En 2007 Chiquita Brands aceptó que le entregó 1.7 millones de dólares a los grupos paramilitares y pagó 25 millones de dólares de multa al gobierno de Estados Unidos. En Colombia la empresa no ha indemnizado a ninguna de las víctimas y el proceso judicial ha permanecido inmóvil por 10 años.
A pesar de la cantidad de información disponible, ¿quedarán impunes los presuntos financiadores del conflicto en Urabá? Espere la próxima semana, la cuarta y última entrega de la serie de artículos de VerdadAbierta.com y el National Security Archive.
* Se entiende como el homicidio intencional de cuatro (4) o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia y la relación asimétrica entre el actor armado y la población civil, sin interacción entre actores armados. (GMH, 2013).