Esperanzados en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pondrá la lupa con especial interés en el tema, una coalición de organizaciones de derechos humanos le solicitó a este tribunal que considere el papel que cumplieron los directivos de la Chiquita Brands en el pago que hiciera a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y lo incluya en su examen periódico sobre Colombia.
Esta iniciativa es impulsada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Uno de sus argumentos es que hasta el momento ningún directivo de la multinacional bananera ha sido juzgado ni en Colombia ni en Estados Unidos, pese a que en 2007 confesaron ante la justicia norteamericana que entregaron 1,7 millones de dólares a las Auc entre 1997 y 2004, lo que habría facilitado la comisión de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, violaciones y desplazamientos de comunidades.
Uno de los argumentos para enviar la comunicación a la CPI es que los dineros aportados por la multinacional bananera a las Auc se utilizaron para perpetrar crímenes de lesa humanidad. Foto: Semana
“Por años, los ejecutivos supervisaron y autorizaron pagos a los bloques de las Auc, denominados Bloque Norte, Bloque Elmer Cárdenas y Bloque Bananero, desde noviembre de 2002 hasta, al menos, febrero de 2004, tiempo sobre el cual la CPI tiene competencia temporal para juzgar las contribuciones. Estos tres bloques perpetraron directamente crímenes atroces en las regiones bananeras colombianas de Antioquia y Chocó (concretamente, en la región de Urabá) y el Magdalena”, se lee en el documento presentado a la CPI y conocido por este portal.
Tal como lo reveló recientemente una investigación adelantada por VerdadAbierta.com en alianza con el National Security Archive, un grupo de directivos y empleados de la compañía sabían de los llamados “pagos sensibles”. Entre 1989 y 1997 se hicieron a las guerrillas de las Farc, el Eln, el Epl, así como a sus disidencias y movimientos políticos; y entre 1997 y 2004 a las Auc.
Dada la trascendencia que esos aportes económicos tenían en el ámbito internacional ya bajo la vigencia de la CPI, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, un grupo de asesores externos aconsejó en febrero de 2003 a la multinacional que debían detener esos pagos, pero altos directivos en Cincinnati, sede central de la empresa, decidieron continuar con la entrega de dinero a las Auc durante 16 meses más. La estrategia en ese momento fue simplemente “dejar que nos demanden, que vengan tras nosotros”.
Y efectivamente así ocurrió. Tribunales estadounidenses condenaron a Chiquita Brands en 2007 a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber financiado grupos extranjeros considerados terroristas por el Departamento de Estado. En 2001, las Auc fueron catalogadas así, por lo que toda transacción con esta fuerza armada irregular era ilegal bajo las leyes norteamericanas.
Los directivos de la compañía tenían conocimiento de esta situación, pero hicieron caso omiso de ello, entre otras razones porque primaron los negocios. Nuevos documentos desclasificados en Washington por el National Security Archive evidenciaron que los llamados “pagos sensibles” eran considerados por algunos ejecutivos como “gastos normales”, nada diferente a la compra de fertilizantes o agroquímicos, “un costo continuo” de operaciones de la compañía.
Contribuciones voluntarias
Estos pagos, que se hicieron por cerca de 15 años, fueron tema de debate interno entre los altos directivos en Cincinnati y empleados destacados en Colombia, quienes se expresaban con nerviosismo en las comunicaciones que enviaban a la casa matriz. “Había pagos que, ¿sabes?, eran cuestionables. Pagos a las guerrillas que al final eran cuestionables, nosotros estamos financiando sus actividades o nos estamos protegiendo”, se preguntó uno de los contadores de la empresa ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) el 27 de abril de 1999, que investigaba esos aportes.
“Durante años, estos pagos fueron transferidos y registrados en un elaborado sistema contable establecido por la directiva de Chiquita para mantener el carácter confidencial de estos pagos; la naturaleza repetitiva de los pagos, así como el mecanismo contable utilizado, aportan más pruebas de que las transferencias no eran errores, sino contribuciones intencionales a las Auc”, aseguran las organizaciones no gubernamentales en su informe a la CPI.
La productiva economia bananera, preponderante en el Urabá antioqueño, justificó, según empresarios de Chiquita Brands, estimulaba los pagos ilegales a grupos armados ilegales. Foto: Semana
Los registros contables difundidos por este portal evidencian varios niveles de manejo de los pagos, que fueron evolucionando con el tiempo. En el periodo de pago a las guerrillas se hacían en efectivo, pero se registraban en libros bajo el rótulo de “cuentas de seguridad ciudadana”. Además, se distinguían los grupos subversivos y sus disidencias con colores. La idea con este sistema era hacerlo de tal manera que fuera imposible de auditar.
En 1997, cuando directivos de Chiquita Brands se reunieron con el vocero de las Auc, Carlos Castaño Gil, la multinacional cesó los pagos a las guerrillas y comenzó a hacerlo a esta organización paramilitar. Inicialmente se hicieron a través de varias cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, creadas bajo el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-1994) y consolidadas bajo el mandato de Ernesto Samper (1994-1998), hasta que la Corte Constitucional, en 1997, declaró inexequible parte de la norma que les autorizaba la tenencia y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ante esa prohibición, decenas de sus hombres migraron a las distintas unidades de las Auc.
No obstante, una de ellas continuó activa, la Convivir Papagayo, como empresa de seguridad regulada y sin armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Fue a través de ella que se estableció un sofisticado mecanismo de pagos, creado por Raúl Hasbún, empresario bananero que se incorporó a las Auc como jefe del Frente Arlex Hurtado, unidad urbana que operó en los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, Urabá antioqueño, y donde se concentra en un alto porcentaje las operaciones de la fruta.
Se acordó entonces aportar tres centavos de dólar por cada caja exportada a través de esa Convivir, deducidos de los pagos mensuales a los productores. Según cálculos de la Chiquita Brands, entre 1997 y 2004 se pagaron 1,7 millones de dólares. A esa decisión se sumó Banacol, y su presidente de la época, Édgar Gutiérrez Castro, autorizó hacer las retenciones de tres centavos de dólar a las fincas propias y a aquellas de los socios vinculados a esa comercializadora.
En el proceso seguido en Estados Unidos en 2007, según registra el documento enviado a la CPI, un fiscal aseguró que "el dinero de la compañía pagó armas y municiones que las Auc utilizaron para matar a civiles inocentes" y conceptuó que “lo que hace moralmente tan repugnante la conducta [de Chiquita] es que la empresa continuó mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas... Chiquita estaba pagando el dinero para comprar las balas que acabaron con los colombianos inocentes de las fincas [de Chiquita]”.
Tanto en Estados Unidos como en Colombia voceros de la compañía han argumentado que los pagos a las Auc se hicieron bajo coerción, lo que en las normas se configura como una extorsión, pero ni internamente, tal como se demostró anteriormente, ni para la Fiscalía norteamericana se configura esa opción. Por ejemplo, en la comunicación a la CPI se registra una reunión realizada el 24 de abril de 2003 en el Departamento de Justicia. Allí, el antiguo ayudante del fiscal General, Michael Chertoff, “observó que no veía el caso de Chiquita como un caso de verdadera coacción, ya que la empresa había tenido una alternativa legal: salir de Colombia”.
Por su parte cita también a uno de los fiscales que intervino en la audiencia del acuerdo de culpabilidad, celebrada el 17 de septiembre de 2007: "La acusada Chiquita no consigue cuadrar su pretendida victimización con los hechos. Como corporación multinacional, la acusada Chiquita no se vio obligada a permanecer en Colombia por 15 años, mientras pagaba a los tres principales grupos terroristas que aterrorizaban al pueblo colombiano".
La comunicación a la CPI reitera que a pesar de ese acuerdo de culpabilidad, hasta el momento no se ha procesado a ningún ejecutivo de esa compañía: “El juez que aprobó el acuerdo de culpabilidad entre el Departamento de Justicia y la empresa señaló que ‘me da mucho que pensar el hecho de que ninguna persona sea considerada responsable por estos hechos, pero esta es una tarea que está fuera del alcance de las cuestiones que este tribunal puede resolver. El tribunal decide sobre la cuestión que se le plantea, que es la culpabilidad de la empresa por este delito’”.
Las organizaciones firmantes del documento enviado a la CPI consideran que por lo menos 14 personas, entre antiguos y actuales empleados de alto nivel de Chiquita Brands, deben ser contemplados por este tribunal internacional con el fin de determinar sus responsabilidades individuales en los pagos a las Auc bajo las normas del Estatuto de Roma.
La razón de este pedido es que la justicia colombiana no tiene el alcance suficiente para juzgarlos, entre otros motivos, porque el gobierno estadounidense no tendría la voluntad suficiente para extraditar al país a estos directivos, máxime cuando un procedimiento está supeditado a una acusación, que aún no existe.
Si bien por más de una década varios de esos nombres estaban ocultos gracias a un acuerdo de confidencialidad logrado por la compañía y la Fiscalía estadounidense, el intenso trabajo jurídico de la National Security Archive logró que las autoridades desclasificaran la información y la entregaran a ese centro de investigación. Varios de los nombres claves y su papel en los “pagos sensibles” ha sido establecido en las investigaciones adelantadas en alianza con este portal.
Estancado en Colombia
Los trabajadores de las fincas, sobre todo los sindicalizados, fueron blanco de los fusiles de las Auc, que actuaron financiados por empresas como Chiquita Brands. Foto: Semana
Una de las peticiones que hicieron las organizaciones defensoras de derechos humanos a la CPI está relacionada con el papel de las autoridades colombianas en este caso: “Si son incapaces o no tienen la voluntad de seguir adelante con la investigación y el enjuiciamiento de los sospechosos de Chiquita, la Fiscalía de la CPI debe solicitar autorización para investigar el papel de los sospechosos en la financiación, el suministro y la contribución significativa a los crímenes internacionales de las Auc para asegurar que la impunidad no continúe”.
Un proceso penal avanza desde 2007 ante la justicia colombiana. El caso se abrió una vez se conoció la admisión de culpabilidad de los empresarios de Chiquita Brands en los estrados estadounidenses. No obstante, ha sido un proceso irregular, sobre el cual no hay avances significativos.
Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear, una de las organizaciones firmantes del documento remitido a la CPI, explicó que el proceso aún está en etapa de investigación, desde hace diez años, sin que aún se sepa cuándo pasará a etapa de juicio. En este caso están vinculadas 14 personas, 9 de ellos colombianas y 5 extranjeras.
Escobar recordó que hubo un intento por cerrar la investigación. La decisión fue tomada por el Fiscal 33 Especializado de Medellín, quien a través de una resolución fechada el 6 de marzo de 2012, le precluyó la investigación a directivos y ex directivos de las firmas comercializadoras de banano Chiquita Brands International, C.I. Banadex S.A. y Banacol, y se abstuvo de dictarles medida de aseguramiento. La medida fue apelada por abogados de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes alegaron que se desestimaron varias pruebas aportadas al proceso, y también por el exparamilitar Raúl Hasbún, quien alegó que existían pruebas que demostraban los vínculos financieros de los empresarios con las Auc.
La apelación fue resuelta a favor de quienes interpusieron ese recurso por el entonces vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, en decisión fechada el 7 de diciembre de 2012. En ella solicitó que se practicaran nuevas pruebas con el fin, entre otras razones, de individualizar “la responsabilidad penal ya que esta es la única forma de acreditar si todas las personas involucradas en esta actuación deben seguir siendo parte del proceso o si existe algún tipo de diferenciación fáctica que permita excluir a algunos de los involucrados”. (Descargar decisión)
“Además, por esa investigación han pasado varios fiscales, lo que es un hecho que a nuestro modo de ver hace que las investigaciones no sean eficaces. Si cada tanto llega un fiscal que de nuevo tiene que ponerse a tono con una investigación tan compleja, que tiene cientos de folios y anexos, se tendrán, como se tienen, muchos tropiezos”, declaró Escobar.
Tras una reunión del jefe paramilitar Carlos Castaño con directivos de Chiquita, cesaron los pagos a las guerrillas y comenzaron a hacerse a las Auc. Foto: Semana
Durante buena parte de la etapa de investigación a los implicados les formularon cargos por el delito de concierto para delinquir agravado, pero a través de una resolución de la Fiscalía General de la Nación, fechada el 12 de diciembre de 2016, se varió esa calificación y se determinó que se les investigaría por concierto para delinquir con fines para cometer delitos de lesa humanidad.
Peticiones a la CPI
Tras valorar las pruebas, las organizaciones que suscriben la comunicación a la CPI consideran que este caso es de su interés por cuanto los directivos de Chiquita Brands habrían facilitado, con sus aportes, la comisión de crímenes incluidos en el Estatuto de Roma; además, porque, a su juicio, “este caso refleja las prioridades de selección de casos establecidas por la Fiscalía y que los sospechosos de Chiquita han disfrutado de impunidad persistente, este caso requiere una acción urgente”.
Otro de los argumentos es que una actuación de la Fiscalía de la CPI en un proceso como estos estaría en consonancia con sus prioridades, entre ellas que exista una “interacción directa con las víctimas y las asociaciones de víctimas en todas las etapas de sus actividades". En ese sentido, se destaca que una de las comunidades afectadas es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Citando a un labriego de esa comunidad, el informe resalta sus palabras: “las palmas y plátanos fueron fecundados con la sangre de nuestros seres queridos". Por tal razón, dice el documento, “la comunidad afectada tiene interés en ver procesamientos contra aquellos que contribuyeron a los daños que han experimentado”.
Para quienes suscriben esta comunicación es claro que una actuación de la CPI en este caso podría ser determinante para prevenir futuros crímenes financiados por grandes corporaciones multinacionales. “En consecuencia, instamos a la Fiscalía a que considere esta petición como parte de sus esfuerzos para poner fin a la impunidad de quienes incurren en violaciones del Estatuto de Roma y para brindar justicia a las comunidades y personas afectadas de Colombia”.
Además, solicitaron que esta instancia de justicia internacional amplíe su examen preliminar sobre Colombia e incluya el caso de los directivos de Chiquita Brands con el fin de exigirle a las autoridades judiciales mayores resultados en la investigación con el fin de determinar claramente responsabilidades penales. “Hemos proporcionado a la Fiscalía las fuentes clave en esta comunicación, pero instamos a la Fiscalía a considerar más a fondo los documentos de Chiquita, así como otras fuentes como parte de este examen ampliado”, se lee en el documento.
Durante la presentación del informe este jueves en Bogotá, Jimena Reyes, directora para la Oficina de las Américas del Fidh, aseveró que “si bien hubo un caso contra la empresa en Estados Unidos, las identidades individuales no fueron publicadas y los ejecutivos siguen en la impunidad. Por eso en la comunicación que enviamos hace unas semanas a la Fiscalía de CPI adjuntamos un sobre con los 14 nombres de los ejecutivos que pueden haber sido cómplices de crímenes de lesa humanidad. Ese sobre lo llamamos 'Los sospechosos de Chiquita' y lo entregaremos mañana también a la Fiscalía General de la Nación”.
Momento de la presentación en Bogotá de la comunicación enviada a la CPI. Aparecen en el centro de la imagen Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH y Jimena Reyes, directora para las Américas de esta organización. Foto: Maria Clara Calle.
Por su parte Kelsey Jost, de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard University, resaltó que la evidencia de la “intencionalidad de los pagos” se centra en que “fue una repetición durante siete años años con más de 100 pagos a través de un sistema complejo donde inicialmente se pagó a Convivir y luego a Auc. Vimos, por ejemplo, que había un empleado de Banaldex al que le pagaban un monto adicional para hacerlo pasar como sueldo. Con esto podía pagar a Auc en cheques o en efectivo”.
Finalmente aseveran en su comunicación que “si las autoridades colombianas no pueden o no quieren seguir adelante con la acusación y persecución de los sospechosos de Chiquita, la Fiscalía debe solicitar autorización para investigar el papel de los sospechosos en financiar, suministrar y contribuir significativamente a los crímenes internacionales de las AUC para asegurar que la impunidad no continúe”.