Puerto Santander, en la ruta de ‘las bachaqueras’

De tanto cargar pesados bultos sobre sus hombros, Eugenia* tiene su columna vertebral vuelta añicos. Hace poco menos de un año los médicos le detectaron un par de hernias discales que le impiden realizar cualquier esfuerzo físico, por mínimo que sea. Tras conocer su diagnóstico, lo que realmente le dolió fue que ya no podía ganarse la vida como hasta ese momento solía ganársela: pasando sobre sus espaldas toda clase de mercancías provenientes de Venezuela. Pero es así como se ganan la vida –casi- todos los hombres y mujeres en su tierra natal.

Eugenia es oriunda de Puerto Santander, un pueblo ubicado a 60 kilómetros de Cúcuta, pero a escasos metros de tierra venezolana. Basta cruzar un pequeño puente erigido sobre las aguas del río Grita para estar en Boca del Grita, localidad del Estado Táchira. Para llegar a la capital nortesantandereana hay que viajar durante hora y media. Por cuenta de esta cercanía, porteños y “venecos” han construido un complejo entramado social y económico que no repara en divisiones políticas formales.

La frontera ha sido para ambos pueblos tan solo una línea imaginaria que separa una región con los mismos usos y costumbres. La dinámica fronteriza alrededor del trasiego de diversos productos edificó en Puerto Santander un sistema económico dependiente de un intercambio comercial masivo e informal de productos venezolanos.

“Todo mundo ha vivido de eso, de traer cosas de Venezuela para venderlas aquí. Sencillamente no hay otra cosa más que hacer”, explica Eugenia, quien acepta a regañadientes nombrar dicha forma de rebusque como contrabando y mucho más, pensar que es un delito. Lo suyo es ‘bachaquear’, y nada más.

Durante la época de la Colonia, venezolanos y colombianos idearon formas de intercambiar toda clase de productos burlando los controles tributarios de la Corona española, situación que no solo jalonó la integración entre las jóvenes naciones, sino que también impulsó un comercio que fue floreciendo con el paso de los años. Pero en los albores del siglo XXI, esta actividad fue elevada al rango de delito y hoy es perseguida y penalizada severamente por los gobiernos de Caracas y Bogotá. Con todo y ello, Eugenia prefiere utilizar una palabra muy típica del argot popular venezolano: “yo me he ganado la vida ‘bachaqueando’, como todos en este pueblo”.

En ello no miente. Marta*, por ejemplo, vivió muchos años de vender productos plásticos de origen venezolano. Reside en las afueras de Puerto Santander, es casada y tiene dos hijos. Para ella, traer y vender productos del vecino país era “un ingreso extra que ayudaba mucho a los gastos de la casa”. Un rebusque sencillo, pero no exento de dificultades: “había que levantarse bien temprano para cruzar la frontera, tipo 4 o 5 de la mañana. Yo conseguía recipientes, jarras… todo esos ‘checheres’ plásticos que sirven mucho para la casa. Allá me salían muy baratos, en promedio a 500 pesos o menos unidad. Esas cosas aquí no se consiguen en menos de 1.500 pesos. Como yo no traía grandes cantidades, simplemente las empacaba en una bolsa o un morral y ya, pasaba el puente y listo. Rara, muy rara vez molestaba la Guardia (Nacional Bolivariana)”.

Se trataba de un rebusque donde no había pierde alguno: la diferencia cambiara entre el Peso y el Bolívar, sumada a la protección de precios de una larga lista de productos venezolanos, justificaba su compra al por mayor. Para ingresarlos abundaban opciones. Había quienes previamente concertaban con un lanchero para que este recogiera los paquetes río arriba, en orilla venezolana. ‘Bachaqueras’ como Eugenia no vacilaban en cruzar el cauce a pie en tiempos de sequía, cargando sobre sus hombros pesados bultos repletos de mercancías que luego eran vendidas al menudeo en algunos pueblos de Norte de Santander, incluso del sur del César.

 

Lo otro era transitar por los inhóspitos caminos de herradura que desde los tiempos de la Colonia han construido los habitantes de ambos pueblos para comunicarse e intercambiar mercancías. En esas trochas rigieron durante poco más de una década las leyes del Frente Frontera del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Hoy es la banda criminal ‘Los Rastrojos’ la que intenta imponer a sangre y fuego sus reglas a los miles y miles de transeúntes que diariamente cruzan la línea divisoria.

Como si fuera poco, desde hace poco menos de dos años las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y una disidencia de estos últimos, conocidos en la región como ‘Urabeños’, lanzaron una feroz ofensiva para apropiarse de tal dominio. Y ello ha desatado una guerra sin cuartel en Puerto Santander y pueblos vecinos, incluidos los del lado venezolano.

Justamente, bajo el argumento de combatir tanto las redes de contrabandistas generadoras del desabastecimiento que tiene agobiada a su nación, así como la presencia de grupos paramilitares en su territorio, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia en agosto de 2015. Desde entonces, muchas dinámicas sociales consideradas cotidianas y normales cambiaron drásticamente. El impacto en la calidad de vida de unos y otros es notoria.

Pero lo que no cambia, por más convulsionadas que estén la política y la economía a lado y lado del puente Simón Bolívar es el voluminoso contrabando de gasolina; el constante paso de mercancías; la continua apertura de trochas para burlar los controles de la Policía Nacional y la Guardia Nacional; y el interés de los grupos armados por controlar una frontera inmensa, porosa, estratégica y generadora de riquezas lícitas e ilícitas. Detrás de toda esa dinámica también están ‘las bachaqueras’, exponiéndose a los riesgos.

El puerto del ‘Iguano’

En la historia del conflicto armado en Colombia quizás no exista hecho más anunciado que el ingreso de los paramilitares a Norte de Santander. El otrora máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Carlos Castaño Gil, declaró en entrevista concedida al diario El Tiempo, publicada el 15 de marzo de 1999, que sus hombres llegarían a mediados de ese mismo año hasta ese departamento para arrebatarles a las guerrillas de las Farc y el Eln el dominio territorial, militar y social que históricamente habían construido a punta de fusil.

Y así sucedió. Según lo documentó la Fiscalía 8 de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), el 29 de mayo de 1999 arribaron procedentes de Antioquia poco más de 200 paramilitares al municipio de Tibú, considerada puerta de entrada a la región del Catatumbo. Bajo las órdenes del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, los ‘paras’ se desplegaron por la carretera que comunica con el corregimiento La Gabarra, detuvieron varios vehículos y asesinaron a ocho personas acusadas de ser auxiliadores de la subversión. Fue el mensaje sangriento con el que el naciente Bloque Catatumbo anunció su llegada a Norte de Santander. Lo peor es que no sería el único.

De acuerdo con el Ente Investigador, entre la última semana de mayo de 1999 y la primera mitad de agosto del mismo año, los hombres del Bloque Catatumbo asesinaron, en diversos hechos, a 77 personas en zona rural de Tibú y La Gabarra. Lentamente, los municipios del Catatumbo comenzaron a quedar despoblados por cuenta del éxodo masivo de campesinos que huían de la barbarie paramilitar. Y esta parecía no conocer límites. Lo sucedido el 21 de agosto del año en mención en el corregimiento La Gabarra así lo evidencia.

La Gabarra, una historia de abandono

Mientras dejaba en manos del militar (r) Armando Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, la incursión paramilitar a través de la espesa selva del Catatumbo, Mancuso ordenó abrir un nuevo frente de guerra. El encargado de dirigir las operaciones militares fue Jorge Iván Laverde Zapata, conocido con el alias de ‘El Iguano’, quien decidió irse tras las autodefensas de Carlos Castaño a la edad de 17 años. Ocho años después, en mayo de 1999, llegó a Norte de Santander con el rango de comandante del Frente Frontera del Bloque Catatumbo.

Su misión, según lo confesó ante fiscales de Justicia y Paz, fue iniciar una política de sometimiento violento de las poblaciones de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario; Aguas Claras, La Floresta; Sardinata, Cornejo, Salazar de las Palmas; Ragumbalia, Chinácota, Pamplona, Cicutilla, Los Patios, Juan Frio, La Alborada y Guaramita. Para ello perpetró en cada una de estas localidades acciones de la mal llamada “limpieza social” dirigidas contra presuntos colaboradores de la guerrilla, habitantes de calle, expendedores de droga y raponeros; servidores públicos, líderes estudiantiles y activistas de derechos humanos; y en general, contra todo aquel que se opusiera al orden paramilitar. El rastro de sangre, dolor y muerte que dejó en estas poblaciones es bastante largo, y aún duele.

Pero tanta sevicia en nombre de la “lucha contrainsurgente” escondía otras intenciones, más lucrativas. Para Castaño Gil, como para los máximos jefes de las Auc, controlar Cúcuta y los cinco municipios de su área metropolitana -El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario-, así como la subregión oriental del departamento, le significaba una victoria estratégica que les representaba cortar el paso de las guerrillas hacia Venezuela y asegurar el control de los cientos de corredores naturales –llamadas trochas– existentes en estas localidades para el paso de toda clase de mercancía.

Sin duda un atractivo botín por el que los paramilitares estaban dispuestas a “matar o morir”. Y así lo entendió ‘El Iguano’, quien desde el mismo momento de su llegada a tierras nortesantandereanas impuso sus propias reglas en la línea fronteriza: ordenó el cobro de peajes a ‘bachaqueros’ y a todo aquel que se moviera por las trochas; impuso su poder de fuego para regular el contrabando de gasolina; y utilizó las viejas rutas del contrabando para fortalecer el tráfico de estupefacientes desde Venezuela hacia Europa y Estados Unidos.

Donde se sintió con mayor rigor la llegada de un nuevo orden fue en Puerto Santander, pueblo acostumbrado desde tiempos ancestrales a manejar el intercambio comercial sin mayores regulaciones y mucho menos impuestas por terceros. Quienes se atrevieron a desafiar este nuevo orden de cosas no sobrevivieron para contarlo; quienes lo lograron, quedaron con marcas en sus cuerpos y sus almas que difícilmente olvidarán.

Eugenia, por ejemplo, aún llora al recordar el día en que hombres de las Auc la violentaron sexualmente solo por el hecho de evitar que estos mataran a uno de sus hijos. “Eso fue como en noviembre de 2001”, cuenta, sin dar más detalles. Solo añade que el detonante fue denunciar ante las autoridades civiles a un hombre que le debía un dinero de unos productos que había traído desde Venezuela por las trochas, como era su trabajo por aquel entonces. Pero el hombre era cercano a ‘El Iguano’ y éste, al enterarse, no dudó en ordenar matar un hijo de la mujer tras considerar la denuncia por incumplimiento de pago como “un detalle de muy mal gusto”.

“La verdad es que me ha tocado muy duro. ¡Imagínese! Trabajar parejo como un hombre, cargando bultos bien pesados para levantar a mis hijos, quedar sola desde bien joven, pero qué le vamos a hacer, es la vida que me tocó. Y encima eso…pues yo me fui a hablar con ‘El Iguano’ sin conocerlo, sin saber quién era él y le pregunté: ¿qué pasa con mi hijo? Y yo le conté todo a ese señor y dijo que no le iba a hacer nada a mi hijo, pero desde ese momento comenzaron a martirizarme, a maltratarme, a perseguirme…hasta que me violaron. Me tocó irme para Venezuela como un año”.

Eugenia regresó a Colombia un año después. Se instaló en un pueblito cerca de Cúcuta, donde estuviera lejos de sus más dolorosos recuerdos. Sus cuatro hijos, en cambio, sí decidieron crecer en Puerto Santander y allá la tragedia alcanzó nuevamente su hogar. Un día de marzo de 2009, en las primeras horas de la mañana, abordó el colectivo que siempre tomaba para viajar al Puerto y al llegar, “me encuentro con la noticia que habían matado al mayor de mis hijos la noche anterior, disque porque tuvo un problema con el duro de los ‘paracos’, porque se puso a defender una mujer”.

En Puerto Santander –y municipios vecinos- suelen llamar ‘paracos’ a los herederos del Frente Fronteras y Bloque Catatumbo: combatientes de rango medio que nunca se desmovilizaron, otros que sí lo hicieron, pero decidieron regresar a las armas y nuevos jóvenes reclutas que hoy protagonizan una encarnizada lucha por el control del paso fronterizo. Quienes están llevando la peor parte son los porteños. En medio de una zozobra generalizada y un profundo hermetismo deben soportar los asesinatos, los desmembramientos de cuerpos, las desapariciones forzadas y en general, todos los excesos que se están cometiendo a lado y lado de la frontera.

Aunque muchos de los protagonistas de esta nueva confrontación combatieron para el mismo bando en el pasado, hoy están integrados a los ‘Rastrojos’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y los ‘Urabeños’. Un rastreo a la historia de estos grupos muestra qué tan fácil pueden reciclarse las guerras en la frontera.

Dominios de los ‘Rastrojos’

El 25 de septiembre de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo No. 020-12 en el que advertía sobre el inminente peligro que corrían los habitantes de Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y Cúcuta por cuenta del enfrentamiento que en aquel momento sostenían los grupos armados ilegales denominados ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ por “el dominio del negocio del narcotráfico, el contrabando de hidrocarburos, armas y mercancías en la zona de frontera, así como por el control de las actividades de comercio formal e informal”.

Según reportó el SAT, “además del narcotráfico, el ámbito fronterizo facilita el tráfico de una amplia gama de mercancías que producen ganancias considerables debido al diferencial cambiario y al control de precios establecido para algunos productos en Venezuela. El contrabando de combustibles, autopartes, licores y alimentos entre otros productos, así como el cambio de divisas, además de ser actividades de las que derivan su sustento amplios sectores de la población en la zona de frontera, se ha convertido en fuente de ingresos para los grupos armados al margen de la ley, quienes disputan el control de las rutas y presionan a los comerciantes informales mediante la imposición del pago de cuotas extorsivas y contribuciones forzadas (...) algo que ha pasado a ser una práctica generalizada”.

Seis años atrás, ‘Los Rastrojos’ no eran más que un puñado de antiguos combatientes de distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que, tras las desmovilizaciones colectivas, decidieron continuar en armas y asentarse en Cúcuta y sus alrededores. De acuerdo con la investigación realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), titulada Panorama posacuerdo AUC, este grupo se conoció en sus inicios como ‘Águilas Negras’ y tuvo fuerte incidencia en Puerto Santander, Tibú, Ocaña, Villa del Rosario y sectores populares de Cúcuta.

“además del narcotráfico, el ámbito fronterizo facilita el tráfico de una amplia gama de mercancías que producen ganancias considerables debido al diferencial cambiario y al control de precios establecido para algunos productos en Venezuela.”

Por un lado, tal como lo reseñó el CNMH en su investigación, “En 2010 se consolidó una alianza entre ‘Los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’ que resultó sumamente ventajosa para los primeros, pues terminaron absorbiendo a los segundos y proyectándose como estructura predominante entre los grupos armados surgidos luego de la desmovilización de las Auc”. Sin embargo, estos chocaron con los ‘Gaitanistas’, quienes ingresaron a Cúcuta ese mismo año, con intenciones de hacerse al control de las rentas legales e ilegales que mueve la frontera.

Desde entonces, el conflicto armado entre estas dos organizaciones no ha tenido tregua. En la Nota de Seguimiento 005-14, de marzo de 2014, el SAT de la Defensoría del Pueblo advirtió que “la confrontación armada entre los grupos post desmovilizados ‘Los Rastrojos’ y ‘Urabeños’ se tradujo en amenazas, ataques con explosivos, incursiones armadas a las zonas rurales, homicidios selectivos, desaparición forzada, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y desplazamiento forzado”.

Lo advertido por el SAT tuvo impactos dramáticos en 2014, particularmente en relación con la desaparición forzada y la afectación con las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en ese año se registraron 207 casos, de los cuales 99 tienen como víctimas a mujeres. La falta de datos oficiales no permite establecer cómo se comportó este fenómeno en 2015, entre otras razones porque no se discriminan los datos.

De acuerdo con la Fiscalía, a corte del 31 de julio de 2016, se habían exhumado 198 cuerpos de 171 fosas halladas en el departamento, no obstante, las estadísticas no discriminan los hallazgos por género.

Pero más allá de las cifras, lo que realmente les preocupa a conocedores del conflicto armado en Norte de Santander es que la dinámica de este conflicto armado tiende a recrudecerse.

Violencia que no cesa

“Hoy están en guerra tres grupos armados: Los ‘Rastrojos’, los ‘Gaitanistas’ y los ‘Urabeños’. La gente dirá: ‘pero ‘Gaitanistas’ y ‘Urabeños’ es la misma cosa, ¿cómo que tres grupos? Pues puede que en el resto del país sí sea así, pero aquí no. Aquí surgió una división entre ellos y hay unos llamados ‘Gaitanistas’ y otros llamados ‘Urabeños’. Y todos están en guerra entre sí”, explica Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de derechos humanos.

El gran botín en disputa es Puerto Santander que, con el cierre de frontera, se fortaleció como ruta del contrabando. “Ese municipio tiene una gran ventaja: si no quieres entrar a Cúcuta, pues no entras. Y hay muchas rutas para salir a un punto que se conoce como Astillero (entre Tibú y Puerto Santander) y así evitas todos los riesgos que supone entrar a Cúcuta. Por eso allá, ‘Los Rastrojos’ tienen maquinaria para organizar las trochas para el contrabando. Si la Guardia Nacional destruye una trocha hoy, dos o tres días después ellos abren carretera con sus retroexcavadoras para que pase el gran contrabando. Y estamos hablando de un contrabando de miles y miles de galones de gasolina, de alimentos, un contrabando más tecnificado, con pagos a las autoridades de aquí y de allá”, sostiene Cañizares.

Así, de acuerdo con el activista, mientras ‘Los Rastrojos’ fortalecen su presencia en Puerto Santander, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ avanzan hacía esta localidad gracias a que ya controlan la frontera desde las localidades venezolanas de San Antonio hasta Ureña. Y ambos combaten a la disidencia ‘Gaitanista’ conocida como ‘Urabeños’.

Sus afirmaciones coinciden con los riesgos advertidos por el SAT de la Defensoría del Pueblo en su Nota de Seguimiento 006-16, de febrero de 2016, donde vuelva a llamar la atención de las autoridades sobre la situación actual de Puerto Santander, Cúcuta y su área metropolitana. Según el documento, hoy se evidencia una fuerte presencia de ‘Rastrojos’, ‘Gaitanistas’y ‘Urabeños’ en el corredor que comunica Puerto Santander con Cúcuta y Villa del Rosario. Es justamente en esta zona donde se están registrando con mayor contundencia las extorsiones, las restricciones a la movilidad, los homicidios y las desapariciones forzadas.

“En la cabecera municipal de Puerto Santander – tal como se puede leer en el informe del SAT de la Defensoría - se ha recibido información relacionada con el cobro de extorsiones a la mayor parte de los comerciantes de la zona, las restricciones al tránsito hacia la zona rural de Cúcuta (Agua Clara), así como la presión ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y en zonas aledañas, donde los grupos armados apelan a ofrecimientos económicos para atraer a los jóvenes y vincularlos en actividades como cobro de extorsiones y realización de “mandados” que en muchos casos involucran el comercio al menudeo de narcóticos; les entregan motos de alto cilindraje y les ofrecen apoyo económico que en muchos casos resulta ser el único ingreso familiar”.

A pesar de ello, la dimensión y gravedad de este escenario de vulneración de derechos no está siendo registrada por las entidades oficiales. Según la Gobernación de Norte de Santander, entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año se cometieron 107 homicidios en Cúcuta y seis en Puerto Santander. Aunque ambos casos representan un aumento con respecto al mismo periodo de 2015 (66 y 1 respectivamente), hay quienes aseguran que las cifras podrían ser mucho mayores.

“Las cifras de violencia de Puerto Santander no existen, porque sencillamente los muertos no aparecen. Las víctimas las desaparecen. Los muertos los descuartizan y los tiran a las aguas del río Grita. La gente no puede denunciar, no pueden a municipios vecinos porque ‘Los Rastrojos’, de inmediato, los fichan como ‘carritos’ de los ‘Urabeños’ o ‘Gaitanistas’. Así está la cosa allá”, asegura Cañizares.

Frontera tomada

En agosto de 2015, bajo el argumento de combatir tanto las redes de contrabandistas generadoras del desabastecimiento que padece su país como la masiva presencia de grupos paramilitares, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Desde entonces, muchas dinámicas sociales, que hasta entonces eran consideradas cotidianas y normales, comenzaron a cambiar.

El primer efecto lo sintieron los porteños. Julia*, por ejemplo, compraba los productos de su canasta básica familiar en el vecino país dado el diferencial de precios. “Como allá todo era tan barato pues uno con 10 o 20 mil pesos mercaba y bien bueno. Pero ya no”, explica la mujer, quien añade que lo peor, desde entonces, son los maltratos de la Guardia Nacional Bolivariana hacia los colombianos: “por cualquier paquete, por pequeño que sea, le quieren cobrar a uno para dejarlo entrar”.

Paradójicamente, el cierre de la frontera terminó fortaleciendo el poder criminal de ‘Los Rastrojos’. Hoy, quien quiera transitar por cualquier trocha con intenciones de ingresar mercancía debe pagarle a este grupo armado ilegal. El contrabando de gasolina, que en el pasado era considerado “un rebusque para quien fuera capaz” está en manos exclusivas del grupo armado. Nadie puede vender una sola gota de gasolina que no sea propiedad de ‘Los Rastrojos’. Nadie puede pasar mercancía por la frontera sin pagarle a ‘Los Rastrojos’.

“¿Cuánto hay que pagar? Pues lo que ellos digan. Si lo ven a uno muy cargado pues le piden bastantico. Mínimo hay que pagarles 50 mil pesos. Y así. Por eso es que ya no es negocio traer cosas de Venezuela porque cobran ‘Los Rastrojos’, cobra la Guardia, cobra la Policía”, cuenta Gloria*, quien también ha dedicado sus años a traer y traer toda clase de productos por esa frontera amplia, impredecible, peligrosa. “Yo he traído arroz, azúcar, harina, jabón…también he traído pimpinas de gasolina. Eso lo hacía con mi hermano que es lanchero. A veces comenzábamos a eso de la 1 de la mañana y nos daban las 5 de la madrugada nosotros pase y pase gasolina. Pero ya hace rato que no me rebusco con eso”, cuenta.

De lo anterior son conscientes las autoridades civiles y de Policía de Colombia, quienes desde el cierre de la frontera ordenaron la instalación de cuatro puestos de control permanente en sitios estratégicos para el contrabando, uno de ellos en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. Así, de acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, mientras en 2015 se incautaron más de cinco millones de productos de contrabando en Cúcuta por valor superior a los 21 mil millones de pesos, en lo que va corrido del año ya se han incautado cuatro millones 779 mil productos cuya cuantía asciende a 14 mil millones de pesos. El combustible, las autopartes, la carne, el calzado, bisutería, entre otros, figuran como los de productos que más ingresan por la frontera ilegalmente.

Según esta misma entidad, en lo que va de 2016 han sido capturadas en diferentes operativos unas 190 personas; de ellas, unas 19 son de nacionalidad venezolana. Por su parte, aunque unas 18 mujeres han sido sorprendidas con mercancía de contrabando, estas no han sido detenidas dado los pequeños montos que cargaban al momento de ser requeridas por las autoridades.

Y es que resulta que, para un grueso número de mujeres de Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios, La Parada y la misma Cúcuta, “contrabandear” se convirtió en la única –y mejor- forma de subsistir. “Sencillamente aquí no hay trabajo para la mujer. Dígame dónde me van a dar trabajo a mí, cómo estoy de vieja (sic) y de enferma. Toca contrabandear porque, ¿qué más hago?”, cuenta Eugenia, quien pese a sus problemas de columna continua ‘bachaqueando’: “¡pues claro! Ya traigo cositas más pequeñas como traperas, escobas, tabaco. Eso deja alguna cosita, pero lo cierto es que la cosa sí está bien brava”.

Ni la Policía Nacional ni la Guardia Nacional Bolivariana logran persuadirla a ella y a cientos de hombres y mujeres que diariamente intentan ingresar todo tipo de mercancías del vecino país para su venta en Colombia, a manera de rebusque. El verdadero problema, dice, “son los ‘paracos’. No ve que ellos son los que tienen el control de la frontera”.

El drama de las venezolanas

Por esa frontera hoy están cruzando masivamente los venezolanos que, paradójicamente, están encontrando en Puerto Santander los productos típicos de su canasta familiar que ya no encuentran en su país, y algo más. Adriana* vive en un pueblo venezolano llamado Orope. La situación económica la obligó a buscar trabajo en tierras colombianas. En Puerto Santander la emplearon en un local comercial por un sueldo de 10 mil pesos colombianos diarios. No es la única venezolana que hoy se encuentra laborando por mucho menos del salario mínimo legal que rige en Colombia.

Pero la joven “veneca” prefiere hacer oídos sordos pues “eso en bolívares es un platal”. Lo más duro de su jornada, dice, son las cuatro horas diarias de caminata (dos de ida; dos de regreso) que debe hacer por las temidas trochas, donde imperan la violencia, el miedo y la muerte. “Pues uno de tanto verlos ya ellos (los ‘paracos’, como los nombra la gente) como que también lo van conociendo a uno. Pero si no te conocen, si no les pagas, si te metes por otro camino, te va mal. ¿Qué si les tengo que pagar? Pues claro, al principio, pero ya no me cobran”.

Detrás de ello se esconde otro drama. Decenas de trabajadoras sexuales están cruzando la orilla venezolana para ingresar a Colombia. Si bien el ejercicio de la prostitución no es ilegal en tierras colombianas, tanto los ‘Rastrojos’ como los ‘Gaitanistas’, en la zona de frontera; como las guerrillas, en el Catatumbo, están fungiendo como reguladores de esta actividad.

“Y ahí se está generando una situación de alto riesgo para esas mujeres, pues los grupos armados están asumiendo funciones de regulación y eso podría desatar una oleada de violencias contra ellas que corren el riesgo de quedar impunes”, advierte una funcionaria estatal de Norte de Santander que prefirió omitir su nombre.

Pero, con la frontera abierta o cerrada, colombianos y venezolanos concuerdan en algo: hay cosas que no cambian. El contrabando, la corrupción de las autoridades, la presencia de grupos armados ilegales colombianos y la violencia continúan prevaleciendo en esa extensa línea que divide a las dos naciones, sin importar si es la revolución socialista o el neoliberalismo puro lo que rige el destino de uno y otro pueblo.

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