Un centenar de familias lucha para que las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no queden sin castigo. VerdadAbierta.com recoge ocho de estas historias.
Navega el mapa para conocer las historias >
La noticia de que miembros del Ejército habían cometido miles de ejecuciones extrajudiciales estremeció al país hace siete años. Sin embargo, pasado el escándalo, las investigaciones tienen pocos avances, hay nuevas denuncias, y la reparación todavía no les llega a muchas de las víctimas.
El primer Encuentro nacional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales fue promovido por el Cinep, la Asociación Minga, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, El Centro de Memoria Paz y Reconciliación, el Centro de Atención Psicosocial (Caps), el Movimiento de Víctima de Estado, el Colectivo de Abogados Orlando Falls Borda, la UTL del representante a la Cámara Alirio Uribe y la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Hace dos semanas 80 familias de todas las regiones realizaron en Bogotá el primer encuentro nacional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Su principal objetivo es que las muertes de sus hijos, padres y hermanos no queden en la impunidad y que se aclaren las circunstancias en las que éstas ocurrieron. Algo que no será nada fácil si se tiene en cuenta que según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, hay 5.700 denuncias, y la Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones por estos hechos.
Las trabas son muchas. Siete años después de que se conociera la existencia de ‘falsos positivos’, y de que 27 altos militares fueron separados de las fuerzas armadas por haber permitido que estos ocurrieran, apenas seis coroneles han sido condenados, y a ningún general se le han imputado cargos. En varios casos las familias han tenido que insistir hasta por cinco años para que la Fiscalía abra una investigación y el proceso no quede en manos de la Justicia Penal Militar. Y la justicia ordinaria va demasiado lenta. Las familias se quejan de dilaciones en las investigaciones; de la incapacidad de los fiscales para vincular a los altos mandos militares; de una preocupante racha de amenazas contra víctimas y testigos; y, en algunas regiones del país, de complicidades de los funcionarios judiciales con los miembros de la fuerza pública imputados.
La mayor frustración para este grupo víctimas es que los ‘falsos positivos’, al parecer, no son cosas del pasado. En este especial VerdadAbierta.com recoge las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas hace pocos meses en Huila y Nariño. “Nosotros estamos aquí y seguimos reclamando porque no queremos que más madres se queden sin sus hijos”, le dijo una víctima al Fiscal General Eduardo Montealegre durante el encuentro.
En términos de reparación el balance también es pobre. Decenas de personas aún reclaman, sin éxito, los cuerpos de sus seres queridos. La mayoría de las familias consultadas no han sido reconocidas ante la Unidad de Víctimas y, en muy pocos casos, las autoridades y los medios de comunicación locales, han hecho algún esfuerzo para desmentir la versión militar que acusaba falsamente a sus parientes, de ser guerrilleros.
A esto se suma la sombra del fuero militar, pues en el Congreso cursan varias propuestas que por diferentes caminos buscan que estos homicidios sean considerados como actos del servicio, y por tanto, de la esfera de la justicia castrense. También hay temores de que en aras de lograr una fórmula de justicia que haga viable el proceso de paz, estos crímenes terminen siendo perdonados.
Ante ese panorama, las víctimas de ‘falsos positivos’ le exigieron a la Fiscalía, de manera colectiva, que la Unidad de Derechos Humanos cree despachos especializados para este delito; que se haga una depuración al interior de la entidad para separar de ella a los funcionarios que buscan beneficiar a los acusados; y mayor celeridad en las investigaciones contra 22 altos mandos militares que están en curso. El Fiscal Eduardo Montealegre se comprometió públicamente a cumplir con cada una de ellas.
10 de febrero de 2015
Vereda de Puerto Tolima en Santa María, Huila
Anderson Daza Hernández
Hace dos meses se presentó en el Huila una de las más recientes denuncias sobre una posible ejecución extrajudicial. ¿Persisten los ‘falsos positivos’?
María del Carmen Hernández ha pasado toda su vida en Santa María, un municipio al noroccidente de Huila. Allí crio a sus cuatro hijos, se forjó como líder comunitaria de las asociaciones campesinas y se enfrentó a guerrilleros de las Farc cuando quisieron reclutar a su hijo mayor, Anderson Daza Hernández, cuando solo tenía 14 años.
Desde muy pequeño, ‘el flaco’, como lo conocían en su pueblo, se dedicó a las labores del campo, sin dejar de lado la afición por el fútbol y la música. Se casó con una joven de la vereda de Puerto Tolima en límites con el departamento de Tolima y se fue a vivir allá. Anderson sabía que algunas fincas de esa zona eran paso obligado de la guerrilla, sobre todo de la Columna Héroes de Marquetalia que actúa al sur de ese departamento, pero pensó que no iba a haber peligro si no se metía con nadie.
Decidió incursionar en la piscicultura con un primer cultivo de trucha y estaba pagando un crédito para mejorar su nueva finca. Su madre recuerda que en más de una oportunidad miembros del Ejército que patrullaban la zona acamparon en su predio y que incluso, sabiendo el peligro que eso representaba, Anderson les compartía alimentos de su propia cosecha.
El 10 de febrero de 2015, a las 11 de la mañana, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional realizaron una operación conjunta contra la Columna Héroes de Marquetalia. Anderson, según su esposa, estaba arreglando una bocatoma cuando se oyeron una aeronave y disparos cerca de su casa.
El comandante de la Fuerza de Tareas Zeus, Pablo Alfonso Bonilla, informó a la prensa local que en medio de un enfrentamiento había muerto un guerrillero que portaba un fusil y que vestía de negro. “Ellos ya poco están andando de camuflado, las últimas capturas que hemos tenido han sido con prendas negras”, le dijo el militar al diario local La Nación. El muerto era Anderson.
Habitantes de Santa María, Huila, salieron a marchar en contra del asesinato de Anderson Daza. Foto: Diario del Huila
Pronto la familia se enteró que el cuerpo estaba en la morgue de Ibagué, una tía que vivía en la ciudad fue hasta allá y asegura que lo primero que le preguntaron cuando llegó fue: “¿usted es familiar del guerrillero?”. Cuando María del Carmen llegó al día siguiente a Ibagué, estuvo más de cuatro horas esperando para ver una foto del cadáver. A pesar de sus suplicas, nunca pudo ver el cuerpo de su hijo, “quedé con el dolor del alma al saber que no podía abrazarlo por última vez. Además, me decían que entre más rápido lo enterrara, mejor”, contó.
La familia logró velar en cuerpo en Santa María, donde la mayoría del pueblo asistió al velorio. La semana después de su muerte, el 16 de febrero, los habitantes del municipio salieron a las calles a protestar, con pancartas denunciaron que Santa María era testigo de un nuevo ‘falso positivo’.
Durante dos meses, María del Carmen y su familia han llevado a cabo una batalla pública por la verdad. Han salido a los medios locales a exigir que se limpie el nombre de Anderson, mientras que los miembros de la Fuerza de Tareas Zeus del Ejército aseguran que su familiar hacía parte de las filas de las Farc. La investigación sobre el caso está ahora en manos de la Fiscalía.
VerdadAbierta se contactó con el Ejército Nacional para obtener más información sobre este operativo, pero no obtuvo respuesta.
Entre julio y agosto de 2007
Toluviejo, Sucre
Los familiares de los jóvenes con pancartas antes del juicio. Foto: El Universal.
A pesar de ser uno de los casos más sonados de la Costa Caribe y uno de los procesos judiciales con más condenas contra militares, es un ejemplo de los tropiezos que pueden encontrar las víctimas en estos espinosos procesos judiciales.
Toluviejo, un municipio al norte de Sucre, a solo 40 minutos de Sincelejo, once familias perdieron a sus hijos, hermanos y esposos a manos de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército Nacional en Sucre y de la Brigada 11. Entre julio y agosto de 2007, once jóvenes entre los 16 y los 27 años, salieron de su pueblo con supuestas ofertas de trabajo y meses después fueron reportados como guerrilleros caídos en combate.
El 9 de julio de 2007 desaparecieron de su pueblo Carlos Alberto Baleta y Luis Alberto Pérez Mercado. A los dos les habían ofrecido un trabajo en una finca ganadera de San Marcos, Sucre, con un sueldo de 800 mil pesos, alimentación y hospedaje. Los reclutadores sabían que las parejas de los dos jóvenes estaban embarazadas.
El 12 de julio se fueron tres amigos: Frank Arley Padilla Bandera, Deimer José de Hoyos Rodríguez y John Jairo Colón Ayala. Les dijeron a sus familias que habían conseguido una buena oferta laboral y mantuvieron el contacto hasta el día siguiente de su partida. La familia de Frank temía que los quisieran involucrar con grupos armados y un tío suyo comenzó a investigar más a fondo, pero tres días después fue asesinado. Por reiteradas amenazas la familia Padilla tuvo que salir de Toluviejo.
El 22 de julio la historia se repitió, esta vez se marcharon Manuel Enrique Jiménez y Luis Fernando Mejía Vives, seguidos dos días después por Cristian Vergara Osuna, Julio Rafael Julio Olivero y Juan Bernardo Patrón Viloria. El último que se fue sin dejar rastro fue Evin David Paternina Parra, un menor de 16 años con discapacidad cognitiva, que salió a hacer un mandado y nunca regresó a su casa. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.
Las familias se unieron y les pidieron respuestas a los reclutadores, que eran del propio pueblo, al Ejército, a las autoridades locales, pero nadie les dio razón. Meses después, en diferentes artículos, fueron apareciendo las fotos de sus familiares reportados como muertos en combate. Sus cuerpos fueron encontrados como NN en los cementerios de Chinú, Córdoba y Sincé, Sucre.
Juntos fueron hasta la Brigada XI para que los dejaran ver los cuerpos, pero una y otra vez se los negaron. Determinados a encontrarlos, los familiares buscaron ayuda fuera de Sucre y en octubre ya había una comisión de la Fiscalía de Medellín investigando lo ocurrido.
Los familiares recuerdan que al comienzo tuvieron que luchar contra abogados de la Defensoría que no querían asumir sus casos, tampoco recibieron apoyo de las autoridades locales. Aunque pidieron ayuda de la extinta Acción Social, se las negaron argumentando que las víctimas aparecían reportadas como victimarios.
Recorte de prensa
En la primera audiencia contra los reclutadores, las familias llegaron juntas, cargadas de grandes pancartas con los nombres de las víctimas y empezaron a gritarles a los acusados. Entonces policías del Esmad las sacaron del recinto.
Las audiencias nunca se hicieron en sala sino en el despacho del juez. “Como no cabíamos todos, nos tocaba entrar por turnos y contarnos entre nosotros lo que se estaba diciendo”, dijo una de las víctimas.
A pesar de las dificultades la investigación rindió frutos. Entre 2008 y 2010 fueron condenados los tres reclutadores: Andrés Gregorio Pacheco, Robinson Barbosa y Andrés Pacheco.
Luego el turno fue para los militares. Sentenciaron a los soldados Luis Miguel Sierra e Iván Contreras, que fueron los enlaces; y el Coronel Luis Fernando Borja, quien estaba a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, se acogió a sentencia anticipada. Las víctimas están a la espera del fallo contra Orlando Céspedes Escalona, segundo al mando.
Algunos de los jóvenes de Toluviejo murieron a manos del Gaula del Ejército en Córdoba a cargo del mayor Julio César Parga Rivas, quien ya fue condenado. “Parga dijo que no podía ir a Sucre porque tenía muchas amenazas y lo mataban, entonces pasaron el proceso a Bogotá. Las víctimas de Toluviejo somos de muy bajos recursos y no tuvimos cómo pagar el viaje hasta allá”, dice la madre de Frank, quien no entiende por qué al Mayor se le dieron más garantías que a las víctimas.
El Coronel Luis Fernando Borja aceptó haber cometido cerca de 50 asesinatos.
17 de mayo de 2014
Vereda Alto Amarradero, corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbios, Municipio de Ipiales en Nariño
José Antonio Jacanamejoy y Deivi López Ortega de 14 años.
En este apartado corregimiento de Nariño, en límites con Ecuador y Putumayo, los habitantes denuncian que las ejecuciones extrajudiciales no han cesado. La muerte de cinco jóvenes enluta la comunidad.
Eran las 2 de la madrugada del 17 de mayo de 2014 cuando, según dicen los habitantes de la vereda Alto Amarradero, llegaron los militares a sus casas, les pidieron que entregaran los celulares, pero no todos accedieron. Los pobladores sabían que algo no andaba bien, pues en el alejado corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbios no hay presencia permanente del Ejército y menos en horas de la madrugada.
A las 4 de la mañana se oyeron disparos, dos horas más tarde llegó un helicóptero y los militares abandonaron las casas. Los habitantes salieron a ver qué estaba pasando, pues a algunos el sonido del helicóptero les recordó la desaparición de tres personas de su comunidad en septiembre de 1999 y temían lo peor.
Los campesinos de la vereda llegaron hasta la casa de Orlando Obando, lugar donde sonaron los disparos y corría el rumor que habían matado a un grupo de jóvenes. Allí se encontraron con varios militares que decían haber matado a cuatro guerrilleros, cuyos cuerpos yacían en el piso envuelto en bolsas blancas.
A pesar de las súplicas, los soldados no permitieron que los pobladores vieran los cuerpos de los cuatro jóvenes, sino que mostraron fotos tomadas desde sus celulares. “Ahí estaba mi hermano, yo les decía que él no era ningún guerrillero. Todos reclamábamos, pero al final se llevaron los cuerpos en el helicóptero”, contó la familiar de una de las víctimas.
Los jóvenes asesinados fueron José Antonio Jacanamejoy, un indígena del Putumayo que trabajaba en su propia finca en Alto Amarradero y que estaba afiliado a la Junta se Acción Comunal; Brayan Yatacue Secue, un indígena Nasa que vivía con su tío Leonardo Yatacué; José Yiner Esterilla, quien formaba parte Consejo Comunitario afrodescendiente de Nueva Esperanza; y Deivi López Ortega, un niño de 14 años de edad. Habitantes de la vereda aseguran que los militares se desconcertaron al saber que uno de los supuestos guerrilleros era un menor de edad.
Los familiares de los jóvenes aseguran que el día anterior los cuatro se habían encontrado en horas de la tarde para jugar en el billar del pueblo, como se hizo tarde, le pidieron posada al Orlando Obando. De esa casa fueron sacados en contra de su voluntad por miembros de la fuerza pública.
En horas de la tarde de ese mismo día la Oficina de Prensa de la VI División y la Brigada de Selva N.27 del Ejército publicó un comunicado en el que aseguraba que los jóvenes pertenecían al Frente 48 de las Farc y que murieron en combate. También que uno de ellos estaba siendo investigado por terrorismo, sin aclarar cuál. De acuerdo, con el comunicado, “se incautaron de tres fusiles AK-47, once proveedores para fusil, 418 cartuchos calibre 7.62mm, cuatro equipos de campaña, tres chalecos multipropósito”, entre otros.
Los familiares desmintieron públicamente los hechos, pero nadie los escuchó, en los medios locales fue reproducido el comunicado del Ejército masivamente. Al día siguiente, el 18 de mayo, con ayuda de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, los familiares pudieron ir hasta Puerto Asís a recoger el cuerpo de los jóvenes. Hasta la fecha, no han vuelto a hacer presencia en la vereda miembros de la fuerza pública.
VerdadAbierta.com se contactó con el Ejército Nacional para obtener más información sobre este operativo, pero no obtuvo respuesta.
19 de febrero de 2005
Lloró, Chocó
Foto: archivo Semana
Aunque en Chocó los habitantes aseguran que conocen decenas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, este es uno de los departamentos donde menos investigaciones adelanta la Fiscalía.
Julián Guevara cortaba madera en las selvas chocoanas. Tenía 40 años y era conocido por todos en su pueblo natal, Lloró, al occidente de Chocó, a 42 km de Quibdó. En este municipio los habitantes suelen ir selva adentro durante semanas para extraer la madera que venden en el casco urbano.
Así lo hacía Julián, pero el 22 de marzo de 2003 fue detenido junto a un grupo de compañeros acusados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Estuvo tras las rejas durante siete meses hasta que una sentencia lo absolvió de los cargos, al igual que a sus acompañantes.
Guevara siguió trabajando como maderero, pero advirtió ante la Personería municipal que había sido amenazado y que temía por su vida. Él y los demás exprisioneros habían interpuesto una denuncia por el tiempo que injustamente estuvieron en la cárcel.
El 19 de febrero de 2005, como era habitual regresó de Nipurdú, una vereda de Lloró, para vender la madera en el pueblo. Esa noche Julián se estaba tomando unos tragos en una tienda, cuando llegaron unos hombres que lo sacaron y lo obligaron a subirse a un barco. Un familiar recuerda que iba en su canoa por el río Andagueda cuando vio a los lejos a un grupo de militares llevar a un hombre río arriba. Jamás se imaginó que se trataba de Julián.
Al día siguiente, los mismos hombres bajaron por el río y llegaron al casco urbano anunciando que habían matado en combate a un supuesto guerrillero.
Uno de los diez hermanos de la familia Guevara estaba ‘barqueando’ el río cuando le llegó el rumor de que el cuerpo de Julián estaba en el puesto de salud. “Yo corrí y tuve que empujar a unos militares que no me dejaban entrar a verlo. Le habían cambiado la ropa, tenía unas botas que no eran de él y una chaqueta verde militar. Todos sus papeles los habían botado”. A pesar de que murió producto de un disparo en su pecho, según dicen quienes vieron el cadáver, la chaqueta no tenía ningún agujero.
En un pueblo con algo más de 10 mil habitantes, muchos conocían a Julián y sabían que no se trataba de un guerrillero, pero de nada sirvió. “Era nuestra palabra contra la de un Coronel, no teníamos nada que hacer. Ese caso se cerró”, contó uno de sus familiares.
Durante 2008
Tunja, Boyacá
Mauricio Hernández Cuadrado
Los estigmas y la invisibilización que recaen sobre los habitantes de calle, imponen una carga adicional para que sus familias puedan acceder a la verdad.
En la terminal de transporte de Tunja todos veían a diario a los ‘revoladores’, nombre con el que se conoce a los jóvenes que consiguen pasajeros, cargan las maletas y revisan las llantas de los buses a cambio de unas cuantas monedas. En 2008, mes a mes, seis de ellos desaparecieron ante la mirada silenciosa de un pueblo.
Jorge Enrique Hernández era uno de ellos. Tenía 34 años, estaba casado y tenía un hijo. Cuatro meses atrás, había llegado desde Simijaca, un municipio al norte de Cundinamarca, luego de una recaída en su adicción a las drogas. “Pasaba largos periodos en la casa y tuvo varios intentos de recuperación. Cuando recaía mantenía igual el contacto con la familia”, recordó una de sus allegadas.
En la terminal de transporte ocasionalmente Mauricio Hernández Cuadrado de 26 años trabajaba también como ‘revolador’. Algunas noches dormía en la calle, al igual que lo hacía Jorge, pero nunca perdió el contacto con su familia.
Uno a uno los seis ‘revoladores’ recibieron supuestas ofertas de trabajo. Antes de su muerte, Jorge llamó a una amiga y le contó que le iban a pagar 800 mil pesos mensuales en un trabajo, en el que además tenía asegurada la vivienda y la comida. A Mauricio le dijeron que tenía un empleo asegurado en Soacha.
En marzo de 2008, testigos vieron por última vez a Mauricio cuando se subía a un carro rojo. Su cuerpo apareció poco tiempo después en la vereda Cómeza Baho, zona rural de Socotá en Boyacá. Miembros del Batallón Tarquí del Ejército Nacional en Sogamoso aseguraron que Mauricio era supuestamente un correo humano del frente 28 de las Farc que murió en combate.
Cuatro meses después de la muerte de Mauricio, se llevaron a Jorge. Los familiares denunciaron su desaparición, pero pasaron tres años para que encontraran un registro en Medicina Legal que coincidía con Jorge. Lo mataron el 4 de julio de 2008, el mismo día que se lo llevaron. Su cuerpo apareció en el municipio de Chinavita, un municipio al sur de Boyacá.
Reportes del Ejército decían que se trataba de un guerrillero, pero anuncios de prensa aseguraban que eran un delincuente al servicio del narcotráfico. La muerte se la atribuyó el Batallón de Infantería No.1 General Simón Bolívar, el mismo en el que Jorge había prestado su servicio militar años atrás.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Boyacá, en esa región se han recibido más de 20 denuncias por ejecuciones extrajudiciales. En el Banco de Datos del Cinep reposan 42 casos reportados entre agosto de 2002 y agosto de 2010. Gran parte de las investigaciones están en curso en el municipio de Pajarito, en límites con el departamento del Casanare.
Aunque en la mayoría de los casos hay impunidad, los familiares de los habitantes de calle sienten que deben dar una doble batalla. “Existen varios casos, pero hay un gran estigma sobre las personas que tenían algún tipo de adicción, muchas familias prefieren no ventilar esos problemas para no sufrir más”, contó la familiar de una de las víctimas.
En Tunja las familias están dando una pelea judicial por sus muertos. “No ha sido fácil, en las audiencias, la defensa de los militares siempre saca a relucir los problemas de salud de nuestros familiares como una cierta justificación de los hechos”, agregó la misma familiar.
Aunque el caso de Jorge sigue sin resolverse, el proceso por la muerte de Mauricio condujo a la condena a 25 años contra el cabo Diego Hernán Moreno y el soldado Segundo Yebrail Galvis del Batallón Tarqui de Sogamoso.
27 de enero de 2008
Vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios en Antioquia
Miguel Ángel González Gutiérrez
La historia de la familia González es la muestra de cómo las ejecuciones extrajudiciales se usaron para acallar a líderes sociales.
Solo tenía siete años cuando llegó en 1992 a Puerto Nuevo Ité, una vereda en el Nordeste Antioqueño en el Valle del Río Cimitarra. Su padre, Miguel Ángel González Huepa, para ese entonces líder político de la Unión Patriótica (UP), fue obligado a salir desplazado de La Macarena en el Meta.
Una vez en Antioquia el trabajo no paró. González Huepa fue concejal de Yondó por la UP entre 1994 y 1997. Fue también uno de los fundadores de la Asociación Campesina Del Valle Del Río Cimitarra (ACVC), una organización defensora de Derechos Humanos que aboga por la redistribución de la tierra, que en 2010 ganó el Premio Nacional de Paz.
Siguiendo los pasos del padre, su hijo se asoció con la Junta de Acción Comunal de la vereda y fue uno de los líderes de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana). En 2008, cuando tenía 23 años, cultivaba en su propia finca, se había casado con una antioqueña y tenía dos hijos.
El 27 de enero de 2008 a las 7:30 de la noche, cuando Miguel Ángel hijo salió a caballo desde su finca hacia el casco urbano del pueblo, fue detenido y asesinado por miembros del Batallón Calibío de la Brigada XIV de la Séptima División del Ejército. Su cuerpo fue trasladado a Puerto Berrío, donde lo sepultaron como N.N.
Su padre se enteró estando en la cárcel, pues una semana antes, el 19 de enero de 2008, fue detenido por rebelión, cargo del que fue absuelto un año después por falta de pruebas.
Al día siguiente del asesinato, el Ejército publicó un comunicado, que aún reposa en su página web, en el que dice: “La vereda Dos Quebradas ubicada en el municipio de Remedios Antioquia, fue el lugar en donde tropas del Batallón Calibío adscritos a la Décimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional dieron muerte en combate al guerrillero “alias Julián” quien hacia parte de las filas insurgentes de la cuadrilla Raúl Eduardo Mahecha de las Farc”.
Meses después se pudo exhumar el cuerpo y sus familiares lo trasladaron hasta Remedios. El proceso judicial salió de la justicia penal militar y entró a la justicia ordinaria, aunque siete años después ningún militar ha sido condenado por esos hechos.
“Yo sé que no puedo ya recuperar a mi hijo, pero sí tengo que seguir insistiendo en estos hechos para que nadie más pierda a sus familiares de esta forma”, dijo Miguel Ángel González Huepa.
10 de enero de 2007
Vereda Malvinas, municipio de Tame en Arauca
Foto: archivo Semana
Este es uno de los noventa casos de ejecuciones extrajudiciales que están en etapa de investigación en Tame, uno de los municipios con mayor número de denuncias de este delito en el país.
Alonso Rodríguez nació en la zona rural de Tame, Arauca. Era el mayor de diez hermanos que desde muy pequeños tuvieron que trabajar en el campo para sostener a su familia. Desde que era menor de edad hasta los 23 años, Rodríguez trabajó como jornalero en fincas cercanas a su casa.
En enero de 2007, junto a su amigo Flavio Ariza Ortiz de 20 años, Alonso consiguió trabajo en la vereda Malvinas que quedaba a una hora de camino de su casa. Los dos amigos acordaron que vivirían en la finca y los fines de semana visitarían a sus familias. Allí les presentaron a su otro compañero de trabajo, José Jeremías Vargas.
A las 6 de mañana del 10 de enero de 2007, después de sus primeros ocho días de trabajo, Flavio, Alonso y José estaban en la casa de los encargados de la finca, cuando llegaron cinco miembros de la Brigada V del Ejército Nacional. Los militares golpearon en repetidas oportunidades a los trabajadores.
Todo esto sucedió ante la mirada horrorizada de la pareja encargada de la finca y su hija menor de edad. Con solo 16 años, la niña les pidió a los militares que se detuvieran y repetía una y otra que vez que Alonso y sus compañeros no eran guerrilleros.
Los soldados amenazaron con sus armas a la familia y los obligaron a salir de la casa, le dijeron “ordeñen sus vacas como lo hacen todos los días y no se les ocurra entrar de nuevo hasta que nos hallamos ido”, dijo un familiar de Alonso que conoció a los testigos. Dentro del proceso judicial, los encargados de la finca han asegurado que escucharon durante horas los gritos de los hombres que estaban siendo torturados.
La familia de Alonso y Flavio se enteraron ese mismo día que estaban muertos, pero no podían creer cuando escucharon en la radio local a un coronel de la V Brigada anunciar la “baja” de tres guerrilleros en combate. Inmediatamente se dirigieron a la morgue de Tame y pudieron reconocer partes del cuerpo de sus familiares que habían sido quemados con ácido de batería.
La familia de Alonso se encerró en su casa atemorizada y sin saber qué hacer, pero 15 días se llenaron de valor y fueron a la Fiscalía de Saravena, porque no confiaban en las autoridades de Tame, e instauraron la denuncia.
Desde ese momento comenzó la lucha de la familia Rodríguez y la familia Ariza por hacer justicia. No solo tuvieron que convencer a los testigos, que no se atrevían a hablar por miedo a represalias, sino que no se rindieron durante los cinco años que tardó el proceso en pasar de la justicia penal militar a la justicia ordinaria.
Ahora solo esperan que los tres años que ha tardado la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en investigar los hechos, resulten en una condena contra los cinco soldados responsables de los hechos.
18 de julio de 2008
Neiva, Huila
Miller como ‘estatua humana’
En Neiva existen 27 investigaciones en curso en la Fiscalía por ‘falsos positivos’.
En la calle octava de Neiva, frente al antiguo almacén Ley, todos conocían a ‘estatua’ o ‘cejas’. Así apodaban a Miller Andrés Blandón, un joven de 25 años que diariamente posaba como estatua humana en el centro de la ciudad.
Andrés vivía la mayor parte del tiempo en las calles, pero su familia no lo perdía de vista. Tenía un problema de adicción a las drogas que había intentado superar en varios centros de rehabilitación de Neiva. “Él estaba siempre trabajando en el centro como estatua. Cuando sentía que estaba recayendo él mismo volvía y se metía en los centros de rehabilitación”, contó a VerdadAbierta, Silvia Segura, la abuela de Andrés.
Acostumbraba ir a la Casa de Paso del Habitante de Calle de Neiva para comer. Según testigos, fue allí donde dos hombres abordaron a Andrés y tres compañeros más y les ofrecieron un trabajo como recolectores de café. Les dijeron que les pagarían un sueldo fijo, la alimentación y les darían ropa nueva. “Han estado en otras tres oportunidades, se llevan a los compañeros y no hemos vuelto a saber nada de ellos”, dijo un habitante de calle en ese entonces a la prensa local.
A la abuela la llamaron el 18 de julio de 2008 desde una funeraria en Pitalito para informarle que el cuerpo de su nieto estaba allí, a 200 kilómetros de distancia de su casa. Le dijeron que Andrés había muerto en un combate con el Ejército y su cadáver fue encontrado en el vecino municipio de Isnos. Silvia no lo podía creer pues tan solo dos días atrás lo había visto amanecer en el pasillo de su casa.
Miembros del Batallón Magdalena del Ejército, con sede en Pitalito, dijeron a los medios locales que se trataba de tres guerrilleros del Frente XIII ‘Timanco’ de las Farc. A Andrés lo iban a enterrar como NN, pero en su billetera encontraron los datos de contacto de su abuela. Ese mismo día Silvia viajó hasta Pitalito, reconoció el cuerpo torturado de Andrés, que estaba vestido con ropa que no era suya. Como no tenía dinero para pagar el traslado del cuerpo tuvo que enterrarlo en Pitalito.
Pero ella no estaba dispuesta a aceptar la versión de los militares. Fue al centro de Neiva y recogió firmas de todos aquellos que conocían a su nieto, las presentó ante la Fiscalía y se enfrentó en los medios locales con el Coronel Marcos Pinto Salazar, quien comandaba el Batallón.
Siete años después la investigación sigue en curso en la Fiscalía 58 especializada de Neiva.
