JUSTICIA Y PAZ

La Corte Suprema de Justicia avaló nuevamente que la Fiscalía pueda imputar parcialmente los crímenes de los desmovilizados.

Eduardo Pizarro y León Valencia son antagonistas en el libro sobre la Ley de Justicia y Paz coeditado por SEMANA y Norma. Pizarro despliega optimismo, mientras Valencia le clava un aguijón al gobierno.

La oposición acusó al Gobierno y la bancada uribista de buscar beneficios para los victimarios mientras hundieron la Ley de Víctimas.

El presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, revela que ya hay contactos con siete figuras mundiales para que reconstruyan la memoria de la guerra en Colombia.

Leigh A. Payne ha analizado confesiones de victimarios en todo el mundo, incluida Colombia. Cuestiona si en Colombia se está dando el debate sobre lo que sucedió bajo el terror paramilitar de manera que le convenga a la reconciliación.

Políticos que pueden terminar juzgados como jefes paramilitares y la creación de una Comisión de la Verdad tipo Argentina o Sudáfrica son un timonazo de la Corte Suprema al proceso de Justicia y Paz.

En diciembre de 1961 Adolf Eichmann fue condenado a muerte por Israel. A pesar de que era un burócrata del departamento de inmigración, cuya misión era despachar trenes, y de que nunca disparó un arma, tuvo que enfrentar un juicio histórico por delitos de lesa humanidad cometidos por los nazis. Sus jueces, como ya lo habían hecho los de Nuremberg, acogieron una tesis que surgió justamente del holocausto judío: la de la responsabilidad mediata de los miembros de la cúpula de un aparato de guerra o criminal (que en el caso nazi era el Estado) en los crímenes atroces que cometen sus subordinados.

Esa tesis es la que acaba de acoger la Corte Suprema de Justicia y que tiene profundas implicaciones para los procesos de para-política. Los magistrados anunciaron que a los congresistas a quienes se les pruebe que hacían parte de la cúpula de organizaciones armadas, bien sean guerrilleras o paramilitares, pueden ser acusados de los delitos de lesa humanidad que cometieron los combatientes rasos de esos grupos.

Eso implicaría, por ejemplo, que una persona como Eleonora Pineda, que ha reconocido ser del brazo político de las AUC en Córdoba, no sólo tendría que responder por concierto para delinquir, delito que le da hasta cinco años de cárcel, sino que se le podrían imputar las masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y otros crímenes, y que su condena se podría elevar a 60 años. Obviamente la sentencia no es retroactiva y Pineda ya está condenada y libre. Pero muchos otros congresistas siguen siendo investigados por la Corte y por eso ha suscitado tanta controversia este nuevo giro en su enfoque jurídico.

Muchos observadores consideran que esta decisión es un 'jab' de la Corte a la quijada del gobierno, pues los congresistas investigados son todos uribistas, y algunos de la entraña del Presidente, como su primo el ex senador Mario Uribe.

Hay un elemento que parece haber incidido seriamente en el giro de la Corte, y es el mensaje que dejó el Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo el año pasado, cuando estuvo en Colombia. En esa ocasión quedó en evidencia que el temido fiscal internacional estaba preocupado por que los políticos y congresistas colombianos vinculados a crímenes de lesa humanidad o de guerra terminaran siendo juzgados apenas por concierto para delinquir. Adicionalmente, esta idea de la responsabilidad mediata ya ha sido acogida por las Cortes de casi todo el mundo. Con este argumento fue condenado el ex presidente de Perú Alberto Fujimori a 25 años por masacres y torturas que cometieron sus subordinados. En Estados Unidos, con una sentencia de similar espíritu, fue condenado 'Simón Trinidad' por el secuestro de tres norteamericanos, cometido por un frente que no estaba bajo su mando. Y en Colombia esta doctrina se inauguró cuando la misma Corte Suprema condenó a todo el Comando Central del ELN por la masacre de Machuca, perpetrada por sus hombres.

Pero el viraje de la Corte no quiere decir, ni mucho menos, que todos los congresistas investigados terminen involucrados en crímenes de lesa humanidad. De hecho puede resultar muy excepcional que se demuestre que un político hacía parte de la cúpula de un bloque de las autodefensas, y en cambio lo que con más frecuencia pudo haber ocurrido es que hubo pactos o acuerdos de gobernabilidad, o relaciones de complicidad indirecta. El gran desafío probatorio para la Corte será demostrar cuando un político hace parte de la cúpula del paramilitarismo y su estructura orgánica.

Comisión de la Verdad
Pero el revolcón de la Corte no termina ahí. Los magistrados volvieron a poner el dedo en la llaga en los procesos que se les siguen a los ex paramilitares. Primero, cuando anularon la única sentencia que se había producido contra un paramilitar en los tribunales de Justicia y Paz, la del 'Loro'. La misma Corte había autorizado que se fuera juzgando parcialmente a los desmovilizados. Pero en julio pasado se echó para atrás y le dijo a la Fiscalía que no podía imputar delitos de manera individual ni aislada, sino que se tienen que producir sentencias que permitan ver que los crímenes eran sistemáticos y, en el fondo, que permitan ver cómo funcionaba todo el apartado de poder en sus dimensiones políticas, militares, económicas y sociales.

Esa decisión quedó ratificada el lunes pasado con la sentencia que anula también la formulación de cargos de Gian Carlo Gutiérrez, otro paramilitar. Esta vez, la Corte insta a los tribunales de Justicia y Paz para que se hagan juicios colectivos y completos. Aunque la decisión cayó muy bien entre organizaciones de juristas y de víctimas, que creen que así se podrá conocer la verdad que ha sido tan esquiva en las versiones libres, en la Fiscalía hay preocupación.

Muchos fiscales todavía no entienden qué quiere decir exactamente la Corte, y creen que los magistrados están actuando con una dosis muy alta de idealismo, pues es prácticamente imposible hacer un solo juicio para casos como el Bloque Norte en el que se han documentado 26.000 delitos cometidos en 20 años.

Si se tiene en cuenta que son 19 bloques, entonces nunca habrá una sentencia. Muchos temen que Justicia y Paz termine en un laberinto sin salida o que los procesos terminen siendo menos expeditos que en la justicia ordinaria. De hecho mientras en Justicia y Paz no hay una sola sentencia, en la justicia ordinaria se han aclarado más de 1.000 hechos, con igual número de sentencias, gracias a las confesiones de los ex paramilitares. Esto es una enorme paradoja, pues se supone que la justicia transicional debe ser más expedita.

Pero a la Corte no le preocupan tanto los tiempos de los procesos judiciales como el hecho de que la verdad sobre lo que ocurrió con el paramilitarismo se esté embolatando. De hecho, con el argumento de preservar la verdad, la Corte suspendió las extradiciones de paramilitares y guerrilleros, y ahora pide que la Fiscalía no le tome una foto al árbol, sino al bosque.

Los magistrados de la Corte son conscientes de que los procesos judiciales tienen muchas limitaciones para mostrar el mapa completo, y por esta razón le pidieron al gobierno crear una Comisión de la Verdad, como un mecanismo complementario a los que ya existen. Incluso dicen que habría que tomar como base el Grupo de Memoria Histórica, que está trabajando un informe general que se conocerá en 2011 y que tiene varios casos emblemáticos, dos de los cuales -Trujillo y El Salado- ya se han terminado.

Frente a esta audaz propuesta, hay personas que, a pesar de que valoran la importancia de la verdad, creen que crear una Comisión en este momento puede resultar contraproducente. Eduardo Pizarro, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cree que es inconveniente mientras el conflicto siga vivo, pues podría generar mayor violencia. "No quememos una futura comisión con una de carácter parcial". Otros como Gonzalo Sánchez, coordinador del Grupo de Memoria Histórica, piensan que aunque no hay clima político para crear en este momento una comisión de esta envergadura, es sano plantearse el debate, porque en Colombia los ciclos de violencia no tienen finales claramente definidos. "Eso lo veo como un grito de angustia de la Corte que siente que la vía judicial no está dejando ver los contextos", dice Sánchez.

Pero si bien los argumentos jurídicos de los magistrados en sus últimas decisiones son creíbles y pretenden corregir fallas que han surgido en la práctica en el proceso de Justicia y Paz, el giro en esta jurisprudencia ha sido leído con suspicacia. Especialmente porque estas tesis no se asumieron al comienzo del proceso sino ahora, cuando hay mayor polarización. En el gobierno y muchos sectores políticos se creía que había empezado el declive de la para-política, y que los juicios de los paramilitares ya se habían agotado, en la práctica la Corte los está reinventando.

Mientras tanto, entre los colombianos se mantendrá seguramente la tensión que nunca se ha podido resolver entre quienes piensan que el país debe desnudar todas sus heridas para seguir adelante, y quienes de manera más pragmática creen que es mejor echarle tierra a esos temas tan difíciles y mirar al futuro.

Se calcula que para comienzos del 2009, en la capital de la república habitaban aproximadamente 4.620 excombatientes, vinculados al Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración.

La Corte Suprema de Justicia determinó que a partir de ahora los congresistas vinculados con grupos paramilitares serán juzgados como coautores de delitos de lesa humanidad y, eventualmente, de narcotráfico.

El Alto Tribunal, a través de su presidente, el magistrado Augusto Ibañez, informó que durante la última reunión de la Sala Penal, la mayoría de los integrantes de esa colegiatura optaron por adaptar los parámetros de juzgamiento de la corporación a los estándares internacionales, al considerar que quienes establecieron alianzas con grupos armados ilegales hacen parte del aparato de guerra de tales organizaciones.

Ibañez no descartó, incluso, que los legisladores que actualmente están siendo procesados por sus nexos con el paramilitarismo puedan ser extraditados, toda vez que fueron copartícipes de los mismos delitos por los que Estados Unidos ha pedido a los jefes paramilitares.

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