DESPOJO

El Incora le tituló mil de hectáreas a 98 familias, pero fueron desplazadas por 'paras'. Ganaderos y comerciantes en complicidad con un funcionario del Instituto aprovecharon para despojarlos.

En las tierras de Paquemás se siembran productos de pancoger y se tiene ganado.

El próximo 2 de mayo, en el Palacio de Justicia de Medellín, 40 familias de la vereda Paquemás del municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño, esperan que un magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín les restituya las tierras que, dicen, les fueron despojadas por terratenientes de la zona, que fueron obtenidas por estos luego de que se desplazaran entre 1995 y 1996.

En esta audiencia, la Unidad de Bienes de Justicia y Paz de la Fiscalía intentará demostrar que los terratenientes de esta región, supuestamente ayudados por un funcionario del antiguo Incora (hoy en día Incoder) y valiéndose del éxodo masivo de campesinos, se hicieron de manera fraudulenta a dichas parcelas. 

La historia de estos campesinos comenzó el 10 de noviembre de 1994, cuando el Incora le adjudicó a 98 familias unos lotes de entre ocho y 15 hectáreas en Paquemás.

Los lotes hacían parte de una finca de 1.138 hectáreas que llevaba el mismo nombre de esta vereda, que fue comprada por el Instituto a la empresa Inversiones Ovalar Ltda, el 24 de enero de 1994 para reforma agraria.  

Sin embargo, para esa época, la guerra entre paramilitares y guerrilleros en el Urabá antioqueño se había recrudecido y esto empezó a generar desplazamientos entre la población campesina.

Prueba de ello es que el 14 de septiembre de 1995, un grupo armado que seguía órdenes de Ever Veloza, alias ‘H.H’ y liderado por Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’, ingresó a la vereda Pueblo Galleta del correguimiento Currulao, en Turbo, donde asesinaron a seis campesinos. ‘El Tigre’, actualmente postulado a Justicia y Paz, reconoció en versión libre que a los labriegos les cortaron sus cabezas para generar terror en la población. Y lo lograron.

Semanas después comenzó el éxodo masivo en veredas como Paquemás, El Limón y La Arenosa. Aún aquellos que tuvieron los arrestos suficientes para quedarse, debieron huir con el pasar de los meses ante la presión y las amenazas de los paramilitares, lo que truncó los sueños de cientos de familias de tener un pedazo de tierra propia, en especial para los habitantes de los corregimientos El Tres, Currulao y Nueva Antioquia. Muchos tuvieron que abandonar sus tierras ante la orden de recuperar estos territorios a sangre y fuego, impartida por los hermanos Castaño, pues consideraban estas zonas bastiones guerrilleros.

Pedro*, un labriego al que el Incora le había adjudicado un predio de 15 hectáreas en Paquemás, resistió hasta que los 'paras' asesinaron a su hermano en 1995, acusándolo de ser guerrillero. Por esos mismos días, los hombres de ‘H.H’ le dijeron a José*, otro campesino adjudicatario de tierras del Incora, que era mejor que se fuera si no quería que "lo volvieran picadillo”.

Doña Libia, una matrona de 50 años y de las últimas en abandonar el correguimiento, no soportó ver cómo amenazaban y asesinaban a sus coterráneos y el 28 de diciembre de 1996 decidió huir con toda su familia hacia nuevas tierras.

Durante los años siguientes, tanto Pedro, José y como Doña Libia, siguieron a la distancia lo pasaba con sus propiedades. Preguntaban a amigos y vecinos que se quedaron y se enteraron que nuevas personas se apoderado de ellas, con cultivos y ganado. Sin embargo, no podían hacer nada porque los paramilitares seguían en la región lo que imposibilitaba su retorno y reclamar lo suyo.

Pero, cuando inicio el proceso con los paramilitares, estos parceleros empezaron cada uno por su cuenta a tocar las puertas de Justicia y Paz para ver cómo lograban recuperar lo perdido.

Las víctimas denunciaron que la violencia de 'HH' y sus hombres hicieron que, en un lapso de dos años, Paquemás y sus alrededores se convirtieran en una vereda fantasma. Allí se cometieron 173 homicidios y 30 desapariciones forzadas. También hay registros de 85 desplazamientos forzados, que casi coincide con el número de familias que fueron beneficiadas por el Incora. Además denunciaron que los 'paras' cometieron una violación, torturaron y reclutaron a un menor de edad.

Doña Libia será una de las víctimas que estará presente en la audiencia. “Ya son muchos años ‘bregando’ a recuperar la finquita, como desde el 2003 o 2004, no recuerdo bien. Y uno sí se va cansando de ver que no pasa nada. Pero bueno, tengamos fe que ya esperamos ‘lo más’, esperemos ahora ‘lo menos”, dice la mujer.

El inicio del despojo
Varios campesinos le contaron a VerdadAbierta.com que una vez desplazados, un intermediario los buscó en los sitios donde se habían escondido y les pidió que vendieran sus tierras.

“Meses después de habernos instalado en Carepa nos contactó un señor. Nos dijo: 'es mejor que vendan. Turbo está muy peligroso y muy seguramente no van a regresar'. Yo no quería, pero mi esposo estaba muy preocupado porque había prestado una plata en el banco para hacerle unas mejoras a la finca. Me dijo: 'vendamos”, recuerda doña Libia.

El negocio era sencillo: ella y su esposo recibieron 2.8 millones de pesos en efectivo de manos de ese intermediario (cuyo nombre se reserva para no entorpecer la investigación). Para cerrar el trato, ambos fueron a la oficina del Incora en Turbo en donde tenían la instrucción de buscar a un funcionario, a quien le firmaron un documento en blanco, según las declaraciones de las víctimas.

La Fiscalía logró determinar que dicha hoja en blanco, que muchos campesinos presionados firmaron, el funcionario la utilizó después para elaborar un acta en la que los campesinos renunciaban al predio.

Testimonios recopilados por la Fiscalía señalan que tanto el funcionario del Incora como el intermediario actuaron en llave para revocar los títulos y readjudicárselos a otras personas, entre los que se encuentran ganaderos y comerciantes, que en teoría no deben ser objeto de adjudicaciones de reforma agraria. El funcionario fue identificado por las víctimas de la región como un "colaborador permanente" de grupos paramilitares que luego, readjudicaba estas tierras a ganaderos, comerciantes y presuntos narcotraficantes de Turbo acusados por los mismos paramilitares.

Por su parte, campesinos de la región señalan al intermediario como “un colaborador” de los paramilitares. Raúl Hasbún, alias 'Pedro Bonito' también lo ha referenciado en algunas de sus versiones libres ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. De acuerdo con sus confesiones, ese intermediario era reconocido como el segundo al mando del grupo de alias ‘H.H’ en los corregimientos Currulao, El Tres y Nuevo Antioquia.

Según Hasbún, este hombre inicialmente fue colaborador y terminó como ideólogo de la organización. Sus habilidades como líder comunitario lo llevaron no solo a tener esa función, sino a alcanzar una curul en el Concejo de Turbo para finales de los años noventa. De acuerdo con alias ‘Pedro Bonito’, este intermediario decidía qué tierras se compraban y a quién se le entregaban. Su conocimiento de la región le permitió localizar a los campesinos desplazados de Paquemás y persuadirlos, incluso amenazarlos, para que vendieran.  

Varios de los nuevos dueños de estos predios fueron mencionados por alias 'Pedro Bonito' como financiadores del Frente Arlex Hurtado de las Auc.

Tal es el caso de un ganadero y comerciante de Turbo, quien aparece hoy como titular de varios predios en Paquemás que son objeto de reclamación ante la justicia. Uno de ellos es el de María*. A principios de 1996, un paramilitar conocido con el alias de ‘Grandulón’, le dio una orden perentoria a la mujer: o le vendía su predio al intermediario o se atenía a las consecuencias. No tuvo más opción que huir de la región. Ocho años después, la señora decidió regresar a su finca, pero ésta ya tenía un supuesto dueño, se trataba del ganadero y comerciante de Turbo.

Nada distinto del caso de doña Libia, cuya finca es ahora propiedad de uno de los comerciantes de Turbo señalado por alias ‘Pedro Bonito’. Y aunque ella poco entiende de leyes, intuye que el proceso judicial para recuperar su tierra será bastante complejo. Dicho enredo podría comenzar a clarificarse este 2 de mayo, cuando se escuche al funcionario del Incora, quien fue citado por la Fiscalía para que explique por qué obligó a los campesinos a firmar documentos en blanco, que luego fueron utilizados como acta de renuncia de de sus predios. Es lo mínimo que esperan las víctimas.

(*) Nombres omitidos para preservar la identidad y seguridad de las fuentes